Jorge Santos
En el 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas adoptó la Observación General No. 15 sobre el derecho humano al agua. Estas observaciones generales permiten dar mejor entendimiento y concreción a lo que los Estados han ratificado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC–y por lo tanto, esta obligación número 15 establece que “el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna” y también refiere que este derecho fundamental “de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”.
Ocho años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 64/292 reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento reafirmando así que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Sin embargo y a pesar de que el Estado guatemalteco ha ratificado el PIDESC, así como existe importante jurisprudencia que la Corte de Constitucionalidad ha emitido en materia de la garantía del derecho humano al agua, grandes segmentos de la población carecen de este vital liquido, producto del abuso y el menosprecio de la vida por parte de las y los dueños de grandes empresas en el país.
Durante años, el liderazgo social, comunitario y defensores de derechos humanos han hecho ver como el recambio del modelo de desarrollo, basado en el extractivismo de recursos naturales y en los monocultivos, no sólo iba a profundizar el fracasado modelo de agroexportación primario, sino que ampliaría la desigualdad, la inequidad y con ello la brecha entre ricos y pobres, así como iba a agotar con recursos naturales tan esenciales como el agua.
De esa cuenta y luego de la contundente evidencia que la producción de la industria minera nos presenta los resultados del mantenimiento de los monocultivos, en particular la caña de azúcar y la palma africana en relación al desvío de ríos o bien la contaminación atroz de los mismos, es que campesinos, campesinas y pueblos indígenas en todo el territorio nacional, han decidido emprender un largo recorrido para defender el agua y con ello defender la vida.
Han emprendido su camino desde más de 200 kilómetros, al inicio unos y unas cuantas, hoy suman ya miles en las tres vertientes de esta marcha por el agua. A su paso hombres, mujeres, niños, niñas y ancianos salen a su paso a brindarles su respaldo y solidaridad. Sin lugar a dudas el 22 de abril seremos más, muchos más quienes respaldaremos esta acción valiente en defensa de la vida.
La próxima vez que se tome un vaso de agua, se bañe, riegue su jardín, lave su ropa o su vehículo piense en los miles de hombres y mujeres que han emprendido este largo viaje en defensa del agua y súmese, apoye a estos valientes seres humanos que con su lucha nos dan esperanza en un futuro posible.
