Francisco Cáceres Barrios
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Pero la población sigue sin entender cómo es que mientras esto se asegura, en bancos del sistema hay depositados más de 178 millones de quetzales, como saldos bancarios que no fueron utilizados por el Congreso de la República del presupuesto general del año 2015. Si no hay dinero para asuntos de vida o muerte en los centros hospitalarios del país ¿cómo es que el actual Congreso haya podido pagar un cuarto de millón de quetzales a sus trabajadores por horas extras, cuando no hay un solo guatemalteco que no sepa que lo que menos hacen es trabajar para cumplir con sus deberes, mucho menos para beneficio de la población? Y si no basta mencionar el despilfarro que sigue existiendo en el poder Legislativo ¿por qué a la fecha no se ha mencionado cuánto se va a economizar el Estado si es que por fin los fondos relativos al “bienestar social” van a ser utilizados racionalmente y no más con fines puramente electorales?
En Guatemala pudiera existir suficiente dinero y hasta de sobra si fuera manejado bien, si no existieran tantos gastos innecesarios en los tres organismos del Estado y en especial en el gobierno central y sus entidades autónomas o descentralizadas. Y lo anterior sale a luz a diario, no solo en cuanto al mal uso de los vehículos del Estado, por ejemplo, como en el exceso de personal que resulta de una burocracia cada vez más costosa e ineficiente. Los recursos del Estado en el actual gobierno y en los pasados son motivo de avorazamiento de los politiqueros, sean del partido oficial o de la oposición, sin importarles un comino el qué dirá la población y no es necesario ir tan lejos para demostrar lo anterior, cuando los diputados Juan Manuel Giordano, Óscar Corleto Rivera, Rudy Berner Pereira y Laura Alicia Franco del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) acaban de ser denunciados hasta por discriminación y violencia verbal y psicológica contra la gobernadora departamental de Alta Verapaz por el manejo de fondos del Consejo de Desarrollo de la localidad.
Pero toda queja, reclamo, lamento o denuncia saldría sobrando si la entidad responsable de fiscalizar los ingresos, egresos y en general todo el interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que por delegación del mismo invierta o administre fondos públicos funcionara o actuara con toda diligencia y prontitud, no que la Contraloría General de Cuentas sigue tan tranquila y campante como si nada estuviera pasando o como si no fueran tan evidentes los actos de corrupción, de derroche, despilfarro y pésima administración por todas partes. ¿Hasta cuándo?
