Raúl Molina
A lo largo de muchos años me he referido a la CC como Corte de (In) Constitucionalidad y más concretamente, como un engendro político que es y será siempre un obstáculo para la democracia. La elección de sus miembros me ha dado totalmente la razón y sus recientes decisiones reafirman mi convicción de que debemos eliminarla de nuestro sistema político. No estoy en contra de que haya mecanismos que garanticen que leyes y actos no violen la Constitución; pero, en primer lugar, hay que redactar una nueva Constitución, que responda adecuadamente a las necesidades de los 17 millones de guatemaltecas y guatemaltecos y no a los caprichos del CACIF, la casta militar, desprestigiados grupos políticos y otros grupúsculos del país. En segundo lugar, el mecanismo para proteger la vigencia de la Constitución debe dar cabida a la ciudadanía toda y no dejarse en las cabezas, y bolsillos, de cinco personas que ni siquiera son electas por la propia ciudadanía. ¿Quién le da a Molina Barreto la “capacidad”, que la naturaleza le negó, de ser un jurista inteligente y probo, sin intereses personales suyos o de camarillas cercanas? ¿O a Pérez Aguilera, cuya cola es más larga que la del diablo mismo? Y también sabemos la participación ciega de la magistrada Araujo. Estos personajes tenebrosos, que han tenido como “maestro” a Alejandro Maldonado, son los que deciden qué pasa al final en Guatemala, sin apego a la Constitución ni principios éticos.
Con su decisión más reciente, al proteger al dirigente del FCN-Nación, Edgar Ovalle, frente a la petición de antejuicio del Ministerio Público, estos tres manipuladores de la Constitución han echado, por enésima vez, el manto de la impunidad sobre los responsables del “genocidio” y otros crímenes de lesa humanidad. Dicen los “tres” que su decisión pretende respetar el criterio de la CSJ, también sujeta a las marejadas de las empresas “offshore”, que había analizado “cuidadosamente” la solicitud de antejuicio. Son puras pamplinas, ya que en decenas de veces la CC se ha dado el gusto de enmendarle la plana a cuanta institución ha querido, incluida la CSJ. No, la decisión tuvo como objetivo cerrar el candado de la impunidad para los asesinos en serie y en masa que han ensangrentado Guatemala.
Así, la CC no tiene nada que hacer en un sistema democrático. La más reciente de sus ridículas intervenciones la hizo a exigencia del CACIF, que tenía objeciones con relación a la nueva Ley de Tarjetas de Crédito. Los legisladores habían limitado las tasas de ganancia de las empresas emisoras y cortado su capacidad extorsionadora, por lo que los “empresarios” pegaron el grito en el cielo y pidieron (¿ordenaron?) a la CC bloquear la ley por “ser inconstitucional”. También hicieron pedazos las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, dejando abierta la puerta para problemas ya demostrados, como el “transfuguismo” y la manipulación por los grandes capitales de los procesos electorales. La CC es, a no dudar, parte sustancial de la inoperancia del sistema político. Me apunto a firmar la petición para su desaparición, ahora y para siempre. ¿Cuántas personas quieren acompañarme?
