Ayer se retomó la discusión sobre la conveniencia de eliminar el secreto bancario que ha sido una de las herramientas que más ha colaborado, junto a las sociedades anónimas, a realizar procedimientos oscuros.
Con mucha energía, se ha argumentado en varias oportunidades que es necesario mantener esta medida como un muro de protección en una sociedad en la que la extorsión, el secuestro y cualquier otro tipo de violencia se podría utilizar en contra de quienes tienen cantidades altas de dinero en los bancos.
Pero la verdad es que estableciendo medidas de control adecuadas, el Estado se estaría agenciando con una excelente forma de poder verificar el manejo financiero que tanto las personas individuales como jurídicas realizan y detener desde ya el lavado de dinero, la evasión y los negocios tan sucios que se comenten hoy en día.
Debemos recordar que una de las peores crisis económicas de los años recientes, fue cuando se dispuso que era necesario que no hubiera regulaciones y que los mercados mundiales se pudieran controlar solos. Esto es lo mismo que nos sucede ahora, el colapso del sistema nos está demostrando que es urgente y necesario que el Estado y sus instituciones tengan la fuerza suficiente para ejercer administrativamente sus funciones.
Somos un país en el que terminamos siendo “paraíso” para hacer transas, porque Guatemala está diseñada para poder manipular a los títeres con ese secretismo que muchos quieren proteger ahora.
Pedir la defensa del secreto bancario es como los funcionarios que tienen miedo de hacer público su estado patrimonial cuando asumen su puesto. Con el argumento de que la violencia puede afectarles, apuestan a que la Contraloría General de Cuentas de la Nación será la ineficiente de siempre y nunca les hará reparos.
Lo mismo pasa en el caso de las cuentas, donde se pretende que el secreto les deje el ir y venir de la plata en esa enredadera que les termina sirviendo a muchos en el sistema de lavado de dinero con el que se “legaliza” el producto de la evasión, las comisiones por negocios ilícitos y de actividades criminales. Es lo mismo lavar dinero producto de la evasión, que de la droga y debemos detener ya esa práctica. Los honrados deben ser los más interesados en que se enfrente, evidencie y procese a las personas y se desmantelen las formas con las que no cumplen con la ley.
Y qué mejor que poder tener en el sector justicia una sólida y contundente forma de analizar el manejo de fondos que hacen entre los políticos y sus financistas por medio de un sistema financiero que, de una vez por todas, cuente con las regulaciones que el país necesita.
