Muchos en Guatemala llevan su vida marcada por la certeza de la impunidad en lugar del castigo, que les permite tener una absoluta inobservancia de la ley que, juntos, hacen que al final de cuentas cada quien, persona individual o jurídica, haga lo que le dé la gana.

Y lo hemos visto con leyes tan sencillas como la de las famosas motos que no podrían llevar más de uno, con su chaleco numerado, casco marcado, etc.; las regulaciones en el transporte; el respeto de conducir en las vías de tránsito estipuladas; o en casos de mayor seriedad como los hechos de violencia, el incumplimiento en pago de salario mínimo, el reporte de la recaudación de IVA por algunas empresas o seguir en general las leyes fiscales.

Pero eso hay que agregarlo a la responsabilidad de autoridades que utilizan las instituciones como que son sus granjas sin darle la menor prioridad a las leyes y reglamentos dentro de los cuales, obviamente, se tiene que regular una sana administración pública.

Y la Ley en general debería ser la marca de mínimos que con una sociedad actuara ante sus instituciones y el prójimo. Esto incluyendo a las autoridades y a los ciudadanos que, lastimosamente, hoy por hoy están en la posición de sacar el máximo provecho abusando e incumpliendo con el marco legal, pero lo peor es que la mayoría de los casos es con total descaro e indiferencia de que se conozca su proceder.

Después de mortales accidentes de tránsito de los que hemos estado comentando en este espacio, no hemos visto una reacción determinada de las autoridades que haga cambiar la actitud y la forma de prestar el servicio de las empresas y su personal. Ante esta falta de reacción, hoy vemos de nuevo que al menos dos accidentes de considerables consecuencias ya han ocurrido con saldo de daños a los usuarios, pero termina siendo por la falta de aplicación de una ley que muestre con certeza el castigo.

Pero no podemos estar extrañados cuando los mismos políticos actúan como que son pilotos de buses extraurbanos. Ya vieron que sus antecesores pararon en prisión preventiva por acusaciones relativas a sus abusos, excesos y corruptas decisiones, pero los que les suceden pareciera que deciden que ahora es su turno de hacer exactamente lo mismo. Y qué podemos decir del Congreso, de las Cortes, tanto la Suprema como la de Constitucionalidad y las de apelaciones, que desafían a la sociedad para ver “hasta dónde aguanta”. Pero recuerden que ahora tenemos claros ejemplos que la ley puede alcanzar a cualquiera. Dependerá de nosotros, empujar para cambiar esa cultura y reafirmar que la ley es el camino.

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