Estuardo Gamalero
“Un Estado está bien gobernado cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y éstos a las leyes.”
Solón
Me preocupa, de sobremanera, que los efectos primarios de esta lucha en contra de la corrupción estén propiciando: una histeria social, una ruina de gobernabilidad (por miedo) que impide a las autoridades cumplir con sus obligaciones, una crisis económica de pronóstico reservado y muy especialmente, el empoderamiento de grupos subversivos cuyos líderes viven y lucran de la conflictividad.
No digo lo anterior de manera amarillista, sino por el deterioro en el respeto de las garantías individuales, así como por las evidencias de inseguridad e incertidumbre que se han generado en el medio político, en donde varias autoridades dejaron de actuar conforme lo manda la Constitución y las leyes, para resolver como Poncio Pilato, conforme las porras de “un estadio” o “una plaza” que nadie termina de identificar y varios pueden manipular.
Una razón importante del porqué la mayoría de “buenos” chapines nos unimos y hemos sido constantes en la lucha en contra de la corrupción, es porque percibimos que esa enfermedad nos afecta a todos: hombres y mujeres sin importar la edad, etnia o el estrato social.
Desde mis épocas de estudiante, me recuerdo de un postulado económico que decía: “El dinero estatal no existe. El Estado no produce nada. Lo único que existe es el dinero del contribuyente.”
El dinero de las personas llega al Estado a través de los impuestos. La intromisión extranjera y el abuso en el cobro de los impuestos no es cosa nueva, de hecho, constituye el detonante de la independencia de Guatemala de la Corona Española. De cincuenta años para acá, a la mayoría de personas, no le ha importado el robo o el despilfarro de los impuestos, pues los mismos los paga una minoría, lo cual generó una cultura de abuso y evasión fiscal. Dicho en otras palabras: mientras lo que se robaran no fuese de uno, no nos importaba.
No obstante, el mismo pueblo a través del tiempo se ha dado cuenta cómo el robo y mal uso de los impuestos ha servido para crear fortunas de políticos y sus achichincles, mientras las necesidades del pueblo no son cubiertas: hospitales sin medicinas, doctores sin salarios, policías sin recursos, escuelas sin pupitres, maestros manifestando, carreteras en mal estado, poblaciones enteras con desnutrición, personas sin oportunidades de trabajo.
Lo anterior es importante comprenderlo, pues la lucha en contra de la corrupción no debe ser ni convertirse en una batalla entre gobernantes y gobernados, en la cual las autoridades piensen que el Estado y sus recursos les pertenecen. Recalco lo anterior, pues en el medio hay una “moda” de querer vigorizar al Estado a costa de debilitar las garantías y derechos individuales. Gobernantes y autoridades hablan de fortalecer la “institucionalidad”, pero en el fondo lo que buscan es incrementar la intromisión estatal, sus espacios y cuotas de poder.
En estas épocas “neo modernas” chapinas, en las que todos auditamos, exigimos y criticamos, me parece oportuno que recordemos que el Estado no genera riqueza y las cuestiones que financia, mantiene y subsidia, es a costa de lo que algunos producen y pagan. Asimismo, es importante reconocer que hay malos guatemaltecos que abusan de sus estructuras económicas para mantener sus negocios en una zona gris de cumplimiento de la ley.
Habrá quienes insistan en defender la tesis, que el Estado si genera trabajo y eventualmente riqueza. A esas personas habrá que confrontarlas con el desafío de ver si todo un pueblo puede vivir de un salario público como intentó hacerlo Cuba y la maltrecha gobernanza venezolana. ¿De dónde saca dinero un Estado, si no es de contribuyentes a quienes pueda exprimir?
La solución a la corrupción y por consiguiente a la pobreza, no pasa por limitar los derechos y garantías del individuo. Tampoco se logra haciendo más grande a un Estado benefactor. Guatemala necesita un Estado de Derecho en el cual las instituciones estén al servicio de la persona y no a la inversa. Es indispensable un marco de legalidad que permita certeza jurídica y estabilidad en los derechos adquiridos. Guatemala necesita jueces y magistrados que actúen apegados a Derecho y no a la conveniencia del más fuerte. Requerimos de diputados que representen y estén al servicio de quienes los eligieron, no de quienes les pagaron sus campañas. Es indispensable un Presidente con valor y consecuente entre sus palabras y sus actos. Guatemala necesita de una empresarialidad comprometida con el desarrollo nacional y la erradicación de la informalidad.
En resumen, necesitamos que tanto el pueblo como las autoridades nacionales e internacionales dejemos de actuar como si estuviésemos en un estadio pidiendo goles o crucifixiones, y más bien conozcamos nuestros derechos y obligaciones como si tuviésemos un Estado que rescatar.
