Ayer, como muchas otras veces, un autobús del servicio extraurbano de pasajeros se accidentó por la imprudencia del piloto causando la muerte de al menos 19 personas que se dirigían de San Marcos para la capital a retomar sus obligaciones tras el asueto de Semana Santa. Parte de la información indica que la unidad era conducida con exceso de velocidad y sobrecarga de pasaje.
Y esto sucede a menos de una semana de que en otro hecho similar, en Suchitepéquez, se saldara con siete fallecidos y decenas de heridos. Pero la pregunta que estaríamos obligados a plantearnos es porqué se vuelven a la vez tan repetitivos estos hechos y tan invisibilizados por nuestra sociedad.
Creemos que sería conveniente que nos pusiéramos la mano en la conciencia y analizáramos que no se han tomado medidas radicales para detener estas rutas de la muerte porque, simplemente, ¿qué le puede importar a la sociedad entera las decenas de ciudadanos del interior del país que mueren si son simplemente pobres de los que han sido y seguirán siendo ignorados y abandonados?
Se critica mucho la polarización que existe en el país, pero quisiéramos preguntar si alguien considera que las medidas serían iguales en caso que un accidente similar fuera el de un autobús de colegio privado de la ciudad capital. Y es que con la misma energía con que se ordenarían investigaciones, se fortalecerían regulaciones y se perseguiría a los responsables en el hipotético caso que planteamos, se debería actuar cuando se trata de la gente con menos recursos en nuestra sociedad.
Y recordemos que lo mismo sucedió con el caso de El Cambray, donde se empezaron con procedimientos judiciales para deducir responsabilidades de constructores y autoridades que entregaron las licencias para la mortal lotificación. Pero, ¿y si hubiera sido un edificio de apartamentos en la zona 10? Tenemos la ligera sospecha que todo se habría movido con mayor celeridad y desarrolladores, funcionarios, etc., estarían ya en la cárcel.
No es humano seguir viviendo el día a día en una sociedad en que se mueren por decenas en los autobuses, matan al vecino y se mueren de hambre nuestros niños. No podemos continuar creyendo que somos parte de un Estado, cuando los ciudadanos parece que se han cauterizado el corazón para ser ajenos al dolor del prójimo.
Es momento de sentar precedentes en todos los ámbitos en que la impunidad ha hecho de Guatemala el reino de la corrupción y la violencia. Y este, el del transporte, es un gremio que a todo nivel tiene que ser sujeto de procesos. Tanto del extraurbano como del urbano, habría que hacer una cárcel nueva para meter presos a todos los que se han vuelto millonarios con el dolor de los ciudadanos.
