José Giovanni Chinchilla Guerrero
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A quienes nos hacen el honor de leer estas líneas, deseamos que tengan unas felices Pascuas de Resurrección. Iniciamos esta etapa post Semana Santa, con las pilas cargadas, luego de un descanso, el que esperamos haya sido reparador.
Interesantes noticias surgieron durante el descanso de la semana mayor, tal es el caso de la sorpresiva convocatoria a sesión extraordinaria que hicieron los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 21 de marzo, ¡¡Lunes Santo!!, para conocer de la solicitud de antejuicio del diputado Gudy Rivera, por presionar a la entonces Magistrada Claudia Escobar para favorecer al Partido Patriota en una resolución de Amparo. Los diarios y las redes sociales saltaron inmediatamente ante semejante noticia, tomando en cuenta que resultaba demasiado sospechoso que la Corte Suprema de Justicia, convocara a una sesión extraordinaria para tratar este caso, en el cual incluso el inculpado se encuentra en prisión preventiva y una resolución al respecto podría entorpecer el proceso que el Ministerio Público y la CICIG sigue en su contra.
Para satisfacción de la mayoría, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el exdiputado ya no goza de antejuicio y debe enfrentar a la justicia como un ciudadano común y corriente, por lo que envió el expediente al Juzgado penal correspondiente para que continúe el trámite respectivo.
En otra noticia surgida durante la Semana Santa, el Ministerio de Finanzas Públicas, según información del 22 de marzo de este vespertino, hizo su novena licitación del año, colocando 80.75 millones de quetzales en Bonos del Tesoro, lo cual no tendría nada de extraordinario, a no ser que esta nueva colocación de deuda, nos vuelve a traer a la mente el hecho que la Administración Tributaria no está llegando a las metas de recaudación, tal como sucedió en años anteriores, por lo que el Gobierno debe seguir recurriendo a endeudamiento para agenciarse de los ingresos suficientes para cumplir precariamente con sus obligaciones.
Por otra parte, estamos estrenando nuevo Superintendente de Administración Tributaria. El Presidente de la República, nombró al licenciado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien según la información proporcionada por el Ministerio de Finanzas Públicas, es Abogado y Notario, cuenta con una Maestría en Derecho Procesal y estudios en criminalística dentro de la administración de justicia, además de estudios en el exterior en materia de justicia criminal y prevención del crimen, tráfico de drogas relacionado con Internet y técnicas de litigación oral; dispone de una amplia experiencia profesional en el área jurídica, económica, financiera, con más de 12 años dentro del Ministerio Público, en la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, teniendo luego a su cargo, la Unidad de Análisis.
Este currículum nos muestra a un profesional con amplia experiencia en materia de investigación criminal; no obstante, creemos que este no es el perfil que necesita la SAT para el Superintendente. Se deja de lado la experiencia tributaria y el conocimiento de finanzas públicas que debe contar el Jefe de la Autoridad Tributaria.
No obstante, esperamos que el licenciado Solórzano Foppa se rodee y se haga asesorar de un grupo de personas correctas, que lo ayuden en el ámbito tributario y que su gestión no solamente se circunscriba a realizar investigaciones penales o criminales en esa área, tomando en cuenta que la entidad encargada de la misma es el Ministerio Público.
Ya en una entrevista concedida a un medio de comunicación durante la semana anterior, manifestó que conformaría un equipo multidisciplinario que lo complementará en la ardua tarea que aceptó llevar a cabo. Este equipo debe pasar por un exigente proceso de reclutamiento que asegure que las personas que lo conforman, no solamente sean capaces sino que también sean honorables.
Desde ASPRODECO nos permitimos manifestar al nuevo Superintendente de Administración Tributaria que le deseamos la mejor de las gestiones, pero que también estaremos vigilantes en su actuar y el de las personas que designe, teniendo siempre como objetivo el respeto a los derechos de los contribuyentes, quienes como ya hemos mencionado en otras columnas, son quienes mantienen a la Administración Tributaria.
