Jorge Mario Andrino Grotewold.
* @jmag2010
La corriente internacional abolicionista de la pena de muerte ha llegado a Guatemala. Ante la declaración de inconstitucionalidad realizada sobre uno de los cuatro delitos establecidos para la pena de muerte en el país por el máximo tribunal de justicia constitucional, es poco lo que resta para abolirla completamente y empezar un nuevo ciclo social, cultural y jurídico en el país. Pero…. ¿Cuál debe ser la respuesta del Estado ante esta hipotética situación?
1. Fortalecimiento del Sistema de Justicia. Es un imperativo que ante la imposibilidad de aplicar la pena máxima, la justicia debe imperar mediante la imposición de penas privativas de libertad en fallos que sean suficientemente fuertes y determinantes, para evitar que la impunidad en los hechos graves llegue a ser un salvoconducto para los delincuentes. Pero no sólo la justicia penal debe fortalecerse, sino las instancias civiles, laborales y familiares, en donde se cometen tremendas injusticias y crean mecanismos de odio social, que pueden también convertirse como resultado en señales de venganza y la comisión de hechos criminales. Sin justicia no hay paz, y la paz empieza por un Estado fuerte y que se dé a respetar.
2. Seguridad ciudadana y un nuevo sistema penitenciario. Si la muerte para los criminales más grandes ya no sería una alternativa, el Estado debe trabajar en la contención de la seguridad ciudadana y de la seguridad estratégica del país. La población necesita sentirse segura para producir y desarrollarse, por lo que el miedo no puede ser parte de su vida. En el bus, en las calles o en cualquier lugar. Así las fuerzas de seguridad deben coordinar esfuerzos con el sistema de justicia y en medio de todo ello, alcanzar a cambiar un enorme rezago que tiene el país: un sistema penitenciario colapsado, sin recursos y sin estrategia. La política de seguridad penitenciaria nació extraviada si no se alcanzan resultados para evitar extorsiones o quitarles el control de las cárceles a los privados de libertad.
3. Educación y educación en derechos humanos. La educación gratuita y con calidad debe ser una meta a corto, mediano y largo plazo. Quienes delinquen hoy, han sido los olvidados del pasado en materia de integración familiar, educación mínima y como resultado la pobreza. Sin educación y sin conocer sus derechos, una población es proclive a delinquir, por necesidad o por ignorancia.
4. Desarrollo sostenible y sustentable. La pobreza y la marginación se convierten en los principales aliados de una sociedad violenta. Sin los problemas religiosos o ideológicos de otros Estados, Guatemala puede mejorar índices de desarrollo con facilidades económicas y ambientales inteligentes, que doten de oportunidades a su población, en lugar de preferir verles migrar a cualquier país.
Sin estas acciones básicas trasladadas como políticas públicas, Guatemala seguirá necesitando la pena de muerte, a la luz de incrédulos y desesperados. Pero el país necesita más que el ahora. Necesita un futuro para sus próximas generaciones. Y ese futuro solo se adquiere con liderazgo positivo y que enamore a ciudadan@s en búsqueda de la paz social que se consigue con un desarrollo integral y un estado de bienestar individual.
