Pedro Pablo Marroquín Pérez
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En seguimiento a mi artículo del viernes de la semana pasada en el que expresé la necesidad de inhabilitar a los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), con el afán que no ejerzan la profesión para evitar el tráfico de influencias y en el que mencioné que deben tener las mismas prerrogativas que los magistrados titulares, es importante hacer un par de anotaciones para darle más forma a la propuesta.
El artículo 169 de la Ley de Amparo establece que no hay incompatibilidad con el ejercicio de la profesión de abogado con el cargo de magistrado suplente y como mi punto es que, entre otras por la mora judicial que existe, es necesario tener más magistrados titulares que puedan ser los ponentes de casos (encargados de llevar el estudio de un recurso para someter su análisis al pleno), se vuelve necesario modificar también la Constitución.
¿Por qué? Porque el artículo 269 de la Carta Magna establece que serán solo 5 los magistrados titulares, cada uno con su suplente y ello hace necesario reformar todo el apartado de la CC y lo concerniente a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Entonces, eso traduce en el momento en que la sociedad deba asumir el debate de todo lo concerniente al sector justicia. ¿Qué instituciones del sector queremos, cómo deseamos que operen, con qué garantías, con qué obligaciones, con qué presupuesto y con qué fuentes de financiamiento? Esto, sin dejar de lado la imperante necesidad que existe de fortalecer la carrera judicial.
En tiempos del defenestrado Pérez Molina, se convocó a un diálogo nacional, pero como lo había hecho la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y él y Baldetti estaban bravos con el ente internacional, mandaron a decir que eso no lo debía liderar nadie más que el gobierno y acabaron el esfuerzo; pasó el tiempo y por supuesto que no hicieron nada.
Es por ello que ahora nos corresponde a los ciudadanos alzar la voz para lograr los cambios, debiendo ser liderados por un Presidente de la República que fue electo para liderar los movimientos de cambio, una Fiscal General que conoce los vicios de nuestro sistema, un comisionado internacional que se ha entregado a la causa, y ahora a los recién electos magistrados de la CC, en especial a aquellos suplentes que no estén pensando a llegar a traficar influencias y hacerse de fortunas que dan para pagar fianzas de $4 millones.
Con este Congreso y con un poderoso grupo de ciudadanos que no desean que nada cambie para que la mata siga dando solo para satisfacer sus intereses, la tarea no es fácil, pero no tenemos otra opción. Cualquier futuro de Guatemala pasa por una reingeniería de sus instituciones, particularmente en el sector justicia, pero la principal reingeniería la necesitamos los ciudadanos para conducirnos mejor en nuestro actuar social y con total apego a la ley.
Los diagnósticos están hechos desde hace mucho tiempo y por bastante gente, las enfermedades están identificadas, pero la solución y el tratamiento necesario solo dependen de nosotros y de nuestro compromiso por un mejor país, que inevitablemente pasa por un cambio de sistema y de la forma en que operan las cosas.
FE DE ERRATA
El pasado sábado se publicó en la versión impresa de «La Hora» la columna de opinión «Cada pueblo tiene los políticos que merece», con la firma del señor Pedro Pablo Marroquín, cuando la autoría de esa publicación es del señor Oscar Clemente Marroquín. Pedimos disculpas a los columnistas y a nuestros lectores por este error.
