Eugenio Fernández
Observando el detalle y las cifras de la hoja electrónica proyectada en la declaración de Salvador González en el caso La Línea 1, sobre la presunción de ganancias ilícitas a costa de supuestos actos delictivos con la posible participación de exempleados y exfuncionarios públicos, entre otros, cabe cuestionarse la posible existencia de un sin número de hojas electrónicas en el aparato estatal-paraestatal en el control de los beneficios paralelos delictivos, como ejemplo: la adjudicación de ofertas sobrevaloradas; la constitución de fideicomisos municipales; los supra beneficios de pactos colectivos; la tenencia de plazas fantasma; el otorgamiento de licencias de explotación; la calificación en regímenes especiales; los informes fallidos de auditoría gubernamental; los tumbes policiales; las entradas y salidas libres por protocolo o hangares privados en los aeropuertos del país; el transfuguismo; la designación de funcionarios, entre otros.
En el seno de la propia SAT, la existencia de hojas electrónicas originadas por: la agilización y favorecimiento en la devolución de crédito fiscal; el blanqueo de vehículos; el desvanecimiento de ajustes; las extorsiones por expedientes activos; el archivo o favorecimiento en la desestimación de casos penales; la designación en puestos estratégicos de funcionarios y empleados corruptos; la manipulación del sistema selectivo y aleatorio aduanero; las negociaciones en las rampas aduaneras y almacenadoras; la agilización indebida de trámites administrativos, entre otros.
No cabe duda que el sistema ineficiente, oscuro, burocrático y corrupto imperante beneficia económicamente en enorme medida a todos los que voluntariamente coparticipan en él, ya sea como promotores externos, operarios internos o usuarios aprovechados; y es por ello que las estructuras velan, luchan, financian y se reorganizan para que no cambie dicho sistema, y si es posible hacerlo más complicado mediante «reformas legales» o a través de la intromisión institucional, como ha sucedido en la Administración Tributaria.
Derivado de lo anterior, es de suma preocupación los recientes nombramientos de los funcionarios para ocupar los cargos de Directores y de Superintendente en la SAT. En el caso de los Directores, en virtud que fueron seleccionados bajo un procedimiento previo a los acontecimientos de abril de 2015 y en el caso del Superintendente designado, precisamente por no tener formación ni experiencia tributaria relevante; por lo que se avizora un horizonte nada alentador para la institución recaudadora de impuestos en donde su recurso humano nuevamente tendrá a un jefe desconocedor de la materia tributaria y aduanera, y los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria, la misma presión fiscal.
El nuevo Superintendente tendrá entonces que hacerse acompañar de un Comité Gerencial y demás equipo técnico suficientemente capacitado que lo respalde y haga frente a los diferentes problemas que deberán afrontar, superar y remediar, priorizando la transparencia y eficiencia de sus procedimientos; la selección y profesionalización de su personal; y, la legalidad, diligencia y responsabilidad en sus actuaciones y en la toma de decisiones institucionales.
Además, resulta necesario que se incorpore inmediatamente a la mesa que analiza la reforma estructural de la SAT para procurar la discusión de disposiciones que busquen la recaudación efectiva de los impuestos, el incremento de la carga tributaria, el combate a la evasión, la defraudación y el contrabando aduanero, así como que garanticen y fortalezcan la autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa de la cual ha sido dotada legalmente.
