Fernando Mollinedo C.

SI, aprendamos a defendernos de las vicisitudes que puedan ocurrir en nuestras relaciones de trabajo, sean éstas comunes o legales y aunque no tengamos una formación jurídica debemos por lo menos, conocer el abc de cómo enfrentar tales casos.

Cada cuatro años, el cambio de gobierno provoca una psicosis institucional de despido, pues nadie sabe el criterio del nuevo jefe para dirigir el trabajo; debido a ello, los empleados trabajan con el sempiterno miedo de “a saber si le gusta al jefe cómo realizo mis actividades” ; cuando el nuevo jefe llega, le reciben con una amplia sonrisa que “huele” a sumisión y se ofrecen para darle orientaciones sobre las actividades que allí se desarrollan y en algunos casos hasta le organizan una reunión de “bienvenida”.

Las circunstancias negativas que viven a diario los empleados públicos que laboran en un estado de ignorancia e indefensión les limitan a desarrollar sus actividades sin tener el valor para indicarle que: o está equivocado, que no es ese el procedimiento o bien que son ilegales sus órdenes e incluso, hasta responsabilizándose ellos mismos del contenido de lo ordenado.

La prepotencia, abuso, exigencia, impertinencia, irrespeto, menosprecio y otro tipo de conductas que utilizan los nuevos jefes para demostrar su poder, son comunes al inicio de las gestiones administrativas para generar el miedo y temor ante los empleados a ser despedidos, en caso pudieran cuestionar su capacidad o idoneidad para dirigir las instituciones o dependencias gubernamentales para las que fueron nombrados por motivos muy diversos (amistad, nepotismo, pago de deudas políticas, cultivamiento del temperamento romántico y otros más).

En el caso del magisterio como en cualquier ministerio, estoy seguro que el mayor número de trabajadores y funcionarios desconocen la ley que regula sus actividades laborales para con el Estado que es su patrono y por eso no se pueden defender de forma correcta y efectiva de las imputaciones falsas o verdadero, contenidas en las formulaciones de cargos que se les hacen cuando les inician procedimientos disciplinarios justos o injustos.

El trabajador peca de haraganería al desconocer sus derechos y obligaciones que como empleado (público o privado) debe exigir y cumplir para tener solvencia al refutar acusaciones que pongan en peligro su estabilidad laboral y por ende su futuro económico; AUNQUE a veces, en algunos ministerios, las Direcciones de Recursos Humanos estén dirigidas por personas que se creen “juececitos” de paz y no toman el tiempo necesario para analizar la veracidad de las imputaciones y las pruebas de descargo, resolviendo de forma negativa, al estilo “maquila”.

ES NECESARIO, que los trabajadores estatales conozcan los artículos 101, 102 y 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la Ley de Probidad y Responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos y el Código de Trabajo en lo atingente al trabajo; de lo contrario, seguirán siendo pasto de las llamas de la iniquidad, corrupción, perversión, inmoralidad, indecencia, torpeza y deshonestidad de sus jefes, directores o coordinadores.

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