Oscar Clemente Marroquín
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Antes se decía que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pero en realidad la cosa es mucho más grave cuando cada pueblo termina teniendo los políticos que se merece y es el caso de Guatemala, en donde nuestros miembros de la llamada clase política confirmaron que la llamada primavera de un pueblo que clamó por justicia y transparencia les venía del norte y que, con paciencia y astucia, pudieron no sólo capear el chaparrón sino además mejorar las condiciones en las que realizan su dominación de la institucionalidad del Estado para beneficios muy particulares.
Cuando un pueblo tiene el gobierno que se merece también puede asumirse, en sentido contrario, que si el pueblo se cansa puede cambiar al gobierno. Pero cuando un pueblo tiene la clase política que se merece, está condenado a sufrir las consecuencias porque de ese tipo de políticos no se sale andándose con chiquitas.
Ya se vio cómo nuestra institucionalidad funciona al servicio de intereses espurios. Por un lado los diputados que se columpiaron con la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos para terminar haciendo lo que les vino en gana sin tomar en cuenta ni las medias tintas del Tribunal Supremo Electoral ni el clamor de sectores como el de las mujeres para quienes la paridad se volvió la panacea. Pero además se rieron de cualquier esfuerzo por democratizar al país por la vía de democratizar a los partidos políticos porque eso no les sirve para continuar con su secuestro del ejercicio democrático para beneficio suyo y de sus financistas.
Por otro lado, además de los políticos, vemos que la institucionalidad sigue secuestrada, ya no solo con la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sino que además con los jueces actuales. El afamado juez Gálvez a quien no le tembló el pulso para mandar a prisión al mismo presidente Pérez Molina, se zurró, literalmente, cuando tuvo que decidir sobre los empresarios del Acero y sus abogados. Se valió meterse con un político caído en desgracia, pero Dios lo libre de tocar ni con el pétalo de una rosa a un empresario aunque sea señalado de haber sobornado para evadir impuestos y para que, además, la SAT les devolviera pisto.
Pero ni es culpa de los diputados ni es culpa de un juez vendido a los empresarios, como hay tantos, sino que es en realidad la responsabilidad de un pueblo que se conforma con esa clase de políticos y esa clase de jueces. Un pueblo que está listo para agachar la cabeza y que no se indigna ni a mentadas de madre. El milagroso “despertar” de abril del año pasado fue una llamarada de tusa que entusiasmó a muchos y que le cobró altas facturas a algunos, como Pérez y Baldetti, Baldizón y Torres, pero que al final de cuentas dejó intacto el modelo porque luego fue embaucado por los grupos que, temerosos de perder sus privilegios y oportunidades de hacer negocio, se fueron a las urnas masivamente como si las elecciones estuvieran dándose en el marco de leyes que permitieran confiar en resultados distintos. Y ese nuestro pueblo, que pareció indignado, volvió ya a su estatus normal, de indiferencia y resignación.
