Alfonso Mata
Hace unos días pregunté a tres profesionales experimentados en el funcionamiento del sistema público, sobre el papel fiscalizador que hay de la obra pública.
El primero me dijo:
— Cualquier acto, procedimiento administrativo del Estado, es un acto unilateral de voluntad de la administración, el ciudadano no puede intervenir para expresar sus razones;
— La administración pública, no tiene obligación de llevar a cabo el procedimiento administrativo con una disposición explícita;
— El actuar público «es secreto» se oculta al ciudadano, y se hace así, por el riesgo de imparcialidad, o abuso;
— Usualmente ningún funcionario es personalmente responsable de la «práctica»; el ciudadano nunca puede estar consciente de dónde y de quién está detrás y dentro del mismo.
— No hay ninguna obligación de llegar a la práctica dentro de los tiempos preestablecidos; la ciudad y los ciudadanos, pueden esperar años para ver reconocido su derecho.
El segundo afirmó:
Hoy en día, el gobierno tiene la obligación de renovar la perspectiva de los derechos de los ciudadanos. Transparencia: el «secreto institucional y funcionario» se ha substituido por la obligación de la administración, de hacer público el trabajo. En resumen: los ciudadanos tienen derecho a acceder a los documentos administrativos en poder institucional. Eficiencia y eficacia: la actividad pública se debe perseguir con firmeza y prontitud por el Estado, sus propios fines institucionales, deben ser seguidos, en vista de la protección del interés público. Costo-efectividad: La actividad pública, debe acompañarse de información y seguimiento de la obra y de su actividad financiera y administrativa, a través de los CODEDES y COMUDES. Participación ciudadana: Se debe dar, ejerciendo un control democrático sobre la transparencia, equidad y la imparcialidad de la administración a través de las oficinas técnicas municipales, que deben facilitar la información.
El último me aseveró:
En la actividad de la obra pública, procede la necesidad de informar a la ciudadanía sobre la obra y su proceso administrativo y eliminar el tiempo de inactividad de la misma. Con respecto a la necesidad de una evaluación más completa y reflexiva ciudadana, eso abarca la fiscalización con los siguientes aspectos:
Utilización: El ciudadano, no tiene por qué certificar el uso de lo que hará con los datos de un acto administrativo. La institución debería tener obligación de certificar que la información que proporciona es veraz y completa, so pena de delito y falsedad.
Eficiencia: No es claro y debería serlo, que las administraciones públicas como reglamento, fijen la planificación obligatoria para cada procedimiento y proceso administrativo, su costo y responsables y hacerlo público. Eso abarca actividades básicas ¿Cuánto tiempo darán alimento? ¿Cuántas y cuándo podrán vacunas? Como de informar los movimientos y gastos de los programas y el cumplimiento de sus programaciones.
Responsabilidades: Pero no solo la parte financiera y los volúmenes de actividad son importantes, también lo son la declaración de las responsabilidades y las cabezas del procedimiento. Cada modo de gestión, debe ser seguido de principio a fin, siempre bajo conocimiento de los responsables. Todos los actos de investigación (evaluaciones técnicas, inspecciones, obtención de documentos de oficina, etc.) deben garantizar el cumplimiento de los plazos por parte de los responsables.
Sanciones: Finalmente los procedimientos deben incluir además de responsabilidades las medidas disciplinarias por incumplimiento. Responsabilidad civil (por daños causados a terceros como consecuencia de la violación de las obligaciones legales), y responsabilidad penal, por incumplimiento de las condiciones o la omisión de actos o mal manejo de recursos y fondos oficiales.
Quise probar quien tenía la razón. Me aboqué a una unidad de salud de un municipio, para verificar cumplimientos de sus actividades básicas. Se me negó información. La administración, no tenía ni la más mínima idea de cómo demostrar la adopción de criterios de calificación de su eficiencia y efectividad mucho menos de su transparencia. Me acerqué a la municipalidad para que me enseñaran las evaluaciones de funcionamiento institucional, no la tenían y no exista ni una sola queja o reclamo alguno contra la unidad de salud del municipio. Revisé en Internet las actas del COMUDE de la localidad sobre la evolución y aspectos de las obra municipal, solo había un acta con reportes someros de un puente.
Me parece que somos un pueblo que despilfarra dinero y esfuerzos con grandes deudas financieras y sociales. La ley no sale del papel y nos adaptamos a un porvenir de renuncia y resignación dentro de un bulevar de irresponsabilidades públicas y ciudadanas.
