Lucrecia de Palomo
Ya inició su recorrido por el Legislativo. Con el número 5038 ingresó la iniciativa de ley, el día 9 de marzo. Fue presentada por los diputados Marcos Yax, de FNC, Álvaro Arzú, de Unionista y los diputados de ViVa, Juan José Porras y María Eugenia Tabush. Desde hace varias semanas se inició el acercamiento con diputados y bancadas, por parte de Hoy por Guatemala, para reactivar la pena de muerte presentándoles los argumentos reales y necesarios. El tema tomó fuerza en los medios debido a la aceptación dentro de la ciudadanía. Fue noticia constante en las redes sociales con una aceptación del 90% de la población.
Contrario a lo que aducen las organizaciones internacionales favorables a la abolición de dicha pena, en Guatemala, y en muchos países del mundo, crecen acuerdos para reactivarla. Esto no es de sorprender dado la saña y la frecuencia con que se ejecutan asesinatos. Por ello, Trinidad y Tobago ha denunciado el Pacto de San José y amplió la pena de muerte; situación que no se pretende, aquí solo se quiere regular el indulto para aplicarla a los delitos que ya están establecidos en el Código Penal.
Precisamente el día que se estaba entregando la iniciativa a la Dirección Legislativa del Congreso de la República, en el Estado de La Florida, la Cámara votó 93-20 para aprobar la ley de pena de muerte, que ahora requerirá que al menos 10 de los 12 miembros del jurado la recomienden. La misma había sido declarada inconstitucional, pero hoy se enmienda el procedimiento y se aprueba. Por la situación de peligrosidad social estas medidas han pasado a ser populares, pues allá como aquí, el incremento de la violencia es alarmante. Ahora en La Florida será el Senado quien la apruebe y la remitan al gobernador, responsable de que se cumpla.
Quienes están a favor de la abolición aducen que el criminal también es sujeto del inviolable derecho a la vida. Cuestionable la afirmación, ya que ellos, los asesinos, haciendo uso del ejercicio de su libertad deciden asesinar a sus víctimas, mismas que son ejecutadas sin la más mínima defensa; son atacadas a mansalva y jamás ellos les respetan sus derechos humanos. “La expresión “derechos humanos” (también citada con frecuencia como DD.HH.) hace referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada individuo”, pero eso lo pierden cuando deciden, libremente, trasgredir a otros. Entonces, sus defensores argumentan que la pena para el asesino debe ser la cárcel, la respuesta para ellos es sencilla: en este momento, aquí en Guatemala, las prisiones son universidades del crimen (solo hay que escuchar las declaraciones del Ministro de Gobernación, donde indica que la orden del bombazo al bus de San José Pinula, el domingo pasado, salió de la prisión). La pena de muerte, hoy por hoy, es necesaria porque estas personas asesinas son un peligro social.
Otro de los muchos puntos a discutir es el religioso. Por ser católica, apostólica y romana, citaré lo que la Iglesia, en su Catecismo indica, “2267 La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas.” Más se puede aducir, pero el espacio no da, será el Congreso quien decida.
