Luis Enrique Pérez
El presidente Jimmy Morales declaró recientemente que uno de los candidatos a magistrado de la Corte de Constitucional que, en Consejo de Ministros, a él le compete designar, es el abogado José Luis González Dubón. Pronto hubo una amenazante reacción adversa: ese abogado supuestamente había impugnado la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Sobre esa presunta impugnación expondré por lo menos tres tesis. La primera tesis es que constituye un derecho del ciudadano impugnar aquellos actos públicos que él opina que son inconstitucionales. En ningún sentido puede ser un acto no honorable ejercer ese derecho. La segunda tesis es que parece que se acude al recurso de recordar artificiosamente que González Dubón impugnó la creación de la comisión, para ocultar que el motivo de atacar su candidatura es su filosofía jurídico-constitucional y económica, que ha expuesto públicamente en diversos actos públicos, y que es incompatible con una filosofía política y económica socialista. El motivo del ataque parece ser, entonces, ideológico; y ocultarlo me parece propio de una repudiable miseria moral absurdamente combinada con una insultante miseria intelectual.
La tercera tesis es que la impugnación fue obra de la asociación civil Liga Propia, por medio de su representante legal, que precisamente era el abogado González Dubón. El objeto de tal impugnación fue, no la comisión, porque ni el convenio que la creó, ni la comisión misma, podían impugnarse constitucionalmente. El objeto de la impugnación fue el procedimiento (reitero, el procedimiento) legislativo por el cual el Congreso de la República decretó la aprobación del convenio de creación de la comisión. La corte no aceptó la impugnación y la Liga Propia desistió de cualquier acción posterior de impugnación. Una finalidad principal de la Liga Pro Patria es contribuir a que nuestro país sea un Estado de derecho. Opino que en ningún sentido es un acto incompatible con la reconocida honorabilidad, actuar en calidad de representante legal de una asociación civil constituida precisamente para contribuir a que nuestro país sea un Estado de derecho.
El presidente Jimmy Morales contribuiría de manera extraordinaria a mejorar la función de defender el orden constitucional que la Constitución Política le adjudica a la Corte de Constitucionalidad, si en Consejo de Ministros, como manda la ley, finalmente opta por designar magistrado titular a un abogado que tenga la calidad de González Dubón. Este abogado cumple los cuatro requisitos que exige la Constitución Política; pero adicionalmente es una persona que posee un elevado sentido de la juridicidad, conexo con un conocimiento suficiente del derecho constitucional, una genuina convicción moral de la importancia del derecho en el progreso general de una nación, y una formación jurídica completa, de la cual es parte un doctorado obtenido con máximos honores.
En general, el presidente Jimmy Morales debe tener la disposición de designar, en Consejo de Ministros, a un magistrado titular y a un magistrado suplente que precisamente tengan supremo interés en defender el orden constitucional. En particular, debe resistir la acción de fuerzas políticas o ideológicas que ansían disfrutar de la servidumbre de la Corte de Constitucionalidad y, por consiguiente, beneficiarse de sus inapelables veredictos. Creo que no resistir tales fuerzas y complacerlas puede contribuir a perturbar el orden constitucional por medio de arbitrarias interpretaciones políticas o ideológicas de los preceptos constitucionales. Y todavía más en particular, el presidente Jimmy Morales debe estar convencido de que es imposible complacer a todos.
Post scriptum. Puede discutirse que deba o no haber Corte de Constitucionalidad; pero hay tal corte, por mandato de la Constitución Política. Dado ese mandato, una finalidad moral de quienes eligen o designan magistrados de esa misma corte, es procurar que ellos tengan, en máximo grado, la capacidad y el interés de defender el orden constitucional.
