José Giovanni Chinchilla Guerrero
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El Presidente acaba de designar a cinco profesionales para conformar un nuevo Directorio en la Superintendencia de Administración Tributaria. Son nombres que ya tuvieron participación anteriormente dentro de la institución en diversos puestos. María Elena Ávila desarrolló una amplia carrera dentro de la SAT, llegando a ocupar el puesto de Intendente de Fiscalización en tiempos de Carolina Roca, sustituyéndola en el puesto en algunas ocasiones. Jorge Enrique Dávila Martínez se desempeñó en distintas áreas de la Intendencia de Fiscalización. Donato Santiago Monzón Villatoro fungió como Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional cuando el Superintendente de Administración Tributaria era Marco Tulio Abadío Molina, quien no es de grata recordación para la institución. En el caso de Francisco Óscar Rolando Zetina Guerra, personalmente no lo recuerdo en la institución, sin embargo me han comentado que prestó asesorías en tiempos de Carolina Roca. En cuanto a Carlos Enrique Núñez Álvarez, su carrera administrativa se ha llevado en su mayoría en el Ministerio de Finanzas Públicas en donde se desempeñó como Director de Asuntos Jurídicos y Asesor del Despacho Ministerial. Del grupo de profesionales designados, tanto Núñez Álvarez como Zetina Guerra, son quienes menos experiencia muestran dentro de la propia institución en mandos altos. En lo que respecta a María Elena Ávila, Jorge Enrique Dávila Martínez y Donato Santiago Monzón Villatoro se espera que conozcan más de la dinámica de la institución y del quehacer tributario, pues se da por sentado que conocen la operatividad.
El nombramiento de este nuevo Directorio no ha estado fuera de polémicas, en virtud que en círculos de profesionales tributarios, se menciona que representan “más de lo mismo”. Derivado de ello, en el desempeño de los cargos designados, las acciones que implementen para rescatar la institución serán vigiladas; se esperará que se hagan responsables de las decisiones que asuman como ente colegiado encargado de dirigir la política de la Administración Tributaria y velar por el buen funcionamiento de su gestión, incluyendo el cumplimiento de las metas de recaudación.
Entre las críticas que se le hicieron al anterior Directorio estaba que se les consideraba como una figura decorativa, encargada únicamente de ver aspectos más bien superfluos, tales como aprobar presupuestos, licitaciones, etc. dejando la responsabilidad total en la figura del Superintendente, lo que trajo consigo que no existiera esa vigilancia que demanda la propia Ley Orgánica de la institución.
El trabajo que les espera a los nuevos directores es fuerte. Demandará de ellos bastante tiempo, mucho más de lo que dedicarán en las reuniones semanales a las que se les convocará. Deberán indagar e interesarse frecuentemente respecto de la buena marcha de los asuntos de la SAT. De ninguna manera se aceptará que ellos no tengan incidencia dentro de la institución. Recordemos que los miembros del Directorio no son considerados como empleados de la SAT, por lo que continuarán con sus oficinas u otros medios de desempeño laboral, esto implicará una gran carga de trabajo, situación de la que estaban plenamente conscientes al momento de postularse a dicho cargo. En todo caso, deberán saber que muchos ojos estarán observando su desempeño.
Por otra parte, desde el Congreso de la República suenan vientos de cambios estructurales para la SAT, entre los mismos se habla de sustituir al Directorio por una Comisión Técnica de Finanzas Públicas, conformada por representantes de la propia SAT, del Ministerio de Finanzas Públicas, del Banco de Guatemala y de la Segeplan. Al respecto, se entienden las razones por las que quieren incorporar a estas dependencias en esta comisión, tomando en cuenta que las mismas forman parte del sector financiero del Estado; sin embargo, para implementar reformas de este tipo debe tomarse en cuenta la autonomía que goza la institución y la responsabilidad que se le dotará a esta Comisión; sin dejar de lado, claro está, la responsabilidad institucional que recae sobre el Superintendente, quien en todo caso no debe dejar de ser el funcionario de mayor jerarquía y por lo tanto encargado plenamente del desempeño de una dependencia vital para el Estado.
