Jorge Mario Andrino Grotewold
• @jmag2010
La visión de una seguridad social para Guatemala pareciera ser más lejana que nunca, especialmente bajo los conceptos actuales, en donde los pacientes pierden sus esperanzas de ser atendidos de forma pronta y eficiente, y encima de todo, se enteran por la prensa de oscuros negocios y decisiones de los funcionarios a cargo.
En la génesis de su creación, con ideas primarias traídas de Sudamérica, el gobierno del Presidente Arévalo hilvanó toda una propuesta que permitiría al país contar con un régimen social dirigido a la salud y la jubilación, dejando afuera el subsidio de un empleo digno, porque ese modelo implementado en otros países, no era posible alcanzarlo al mismo tiempo que los servicios de salud, por la mala situación financiera del Estado en ese entonces.
El estado de bienestar individual y no un Estado de Bienestar como ficción jurídica de un principio jurídico/social, empezó a diseñarse con la construcción de toda una política pública que involucró legislación, presupuesto y voluntad técnica y política para alcanzar una iniciativa integral que favoreciera a empleadores y trabajadores. Servicios de salud, prestaciones por accidentes laborales y jubilaciones por tiempo de servicio (trabajo) se pensaron subsidiar de forma permanente con presupuestos propios, entendiendo éstos como las contribuciones que ambos, trabajadores y empleadores aportarían mes a mes, algo que conforme al tiempo se convirtió más en acreedurías y procesos administrativos de cobro, que terminan por expulsar a empresas del sistema y a la no prestación del servicio a trabajadores.
Y en cuanto al servicio, a pesar de que el IGSS en algunos sectores ha logrado una mejora parcial en algunos hospitales de maternidad y el Camip, en la gran mayoría de centros de atención, especialmente en el interior del país, no cuenta con atención adecuada, de calidad ni pronta. Las salas de emergencias se llenan con facilidad y éstas no cuentan con una adecuada atención ni con recursos farmacéuticos, sanitarios e inclusive el mobiliario y equipo adecuado. En las consultas externas son conocidas las citas dejadas por meses para quienes tienen aflicciones urgentes, y hasta se conoce que pacientes de enfermedades terminales como cáncer, HIV o con padecimientos renales crónicos, entre otros, han fallecido o han acudido a acciones legales para garantizar sus medicamentos y atención, como la que recientemente presentó el Procurador de los Derechos Humanos.
Y si a esas precariedades se suman las acusaciones de oscuros procesos y abusos de poder de parte de sus autoridades, las esperanzas de un seguro social eficiente y con políticas transparentes cada vez se ve más lejana, cuando ni siquiera sus propias autoridades se consideran confiables para el cargo. Ojalá que las entidades públicas y privadas que integran la Junta Directiva tomen nota que el desgaste público y político también es para ellas, en la debacle que ha sido el IGSS en los últimos años.
