Roberto Arias
Para darle seguimiento, retomo el tema sobre la Cooperativa Salcajá -Mi Coope. A partir de los robos descarados y probados que los directivos de la Cooperativa Salcajá hicieron al licenciado Isaías Armas Arriaza, a la Cooperativa se le unió, en connivencia, el juzgado de Xela, también denunciado en esta columna. El licenciado Armas antepuso un recurso de denuncia ante la “Junta de Disciplina Judicial de Guatemala” contra la juez Vilma Patricia Rodríguez Barrios de Laínez, presentando las pruebas pertinentes.
La Junta declaró: “SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Isaías Armas Arriaza, en contra de la abogada Vilma Patricia Rodríguez Barrios de Laínez, en su calidad de Jueza (sic) tercero (sic) de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Quetzaltenango.” El ‘castigo´ impuesto a la juez fue trasladarla a la Antigua Guatemala.
Las estructuras delincuenciales enquistadas en muchas cooperativas se extienden a diferentes instancias gubernamentales, incluyendo a la Ingecop y algunas del Poder Judicial.
Uno de los delitos apañados a la Cooperativa Salcajá -Mi Coope- por la Ingecop y la juez Rodríguez de Laínez se evidencia en el Dictamen y Opinión de la Ingecop del 30 de marzo de 2012, en donde se demuestra el cobro usurero que por años aplicó la Cooperativa al cobrar la tasa de interés moratorio sobre EL SALDO TOTAL DE CAPITAL, cuando debió hacerlo únicamente sobre saldo de las cuotas vencidas.
Cito: “Y con fecha 16 de octubre de 2010, dejó de aplicarse el recargo por mora en los préstamos atrasados sobre el capital adeudado, aplicándolo únicamente a la cuota o cuotas de capital que estén atrasadas…”(sic)
Como puede verse, antes de este dictamen la Cooperativa cobraba impunemente sobre todo el capital que no estaba vencido. Ingecop lo avala y, la juez Vilma Patricia Rodríguez de Laínez simplemente lo ignoró, así como ignoró más de mil pruebas contundentes que se presentaron ante el tribunal. Esta arbitrariedad fue denunciada ante la asamblea del 30 de marzo de 2008 por el licenciado Isaías Armas Arriaza.
Puede el gentil lector preguntarse cuántos asociados perdieron sus bienes debido a este cálculo criminal llamado USURA en la Constitución Política de Guatemala. Plenamente documentados hay catorce casos de personas que perdieron su propiedad por no poder pagar las sumas cuantiosas que les cobraba la Cooperativa. ¿Cuántos miles más habrá?
Es indispensable que el nuevo Ministro de Economía, dentro de sus múltiples quehaceres ponga el dedo sobre los robos descarados que ocurren en ciertas cooperativas, en virtud de que la Ingecop que es supuestamente la encargada de auditar a las cooperativas se amalgama con los trinquetes.
Ahora que la CICIG ya está en Xela, es conveniente que investigue a la Cooperativa Salcajá, ubicada en el municipio de Salcajá, porque las estructuras dentro y afuera de las cooperativas son herramientas poderosas para cometer actos fraudulentos y sobornos defraudando a los asociados y clientes.
¡Exigimos justicia en Guatemala!
