Rolando Palomo
En plena euforia por haberse alcanzado la paz en Centroamérica, una región que en ese momento lucía lo que es Siria e Irak el día de hoy, y a cuya pacificación contribuyeron casi todas las democracias latinoamericanas y europeas, se constituyó el Parlamento Centroamericano, a semejanza del Parlamento Europeo, atribuyéndosele los más altos fines centroamericanistas y desarrollistas, pensando que ambas aspiraciones eran el mejor antídoto para evitar las guerras fratricidas que desgarraban a Guatemala, El Salvador y Honduras. Se pensó, incluso, asentar su sede en Esquipulas, población que sería así, simbólica capital de Centroamérica.
Costa Rica, en un certero acto de intuición política, no suscribió el Tratado Constitutivo, y Panamá, a pesar de no haber formado parte de la Federación de Estados Centroamericanos, se adhirió posteriormente al Parlacen, en un acto de oportunismo político que años más tarde condujo a escenificar un penoso sainete por parte del presidente Ricardo Martinelli, quien primero denunció el Tratado, mediante un acto ejecutivo, luego tuvo que defender judicialmente su decisión, y al final, habiendo entregado el cargo voló hacia Guatemala para asumir la curul que le hubiera correspondido, buscando la inmunidad como parlamentario, para tratar infructuosamente no ser enjuiciado penalmente en Panamá.
Vemos ahora que asumen los veinte nuevos diputados guatemaltecos, quienes a excepción del excanciller Haroldo Rodas, un centroamericanista de convicción, todos son representantes de la vieja clase política criolla, en pos de, o bien un parasitario salario de cuatro mil quinientos dólares mensuales o de la inmunidad que ofrece el cargo. Por escasos tres meses, ni Otto Pérez Molina ni Roxana Baldetti alcanzaron tal posición, pero ni los que están, ni los que estuvieron antes, promovieron un ápice ni la Unión Centroamericana ni el desarrollo de nuestros empobrecidos países.
Es hora, pues, que los guatemaltecos nos planteemos la imperiosa necesidad de abandonar el Parlacen, dejando ser Estado parte del mismo, mediante el legal procedimiento de la Denuncia de su Tratado Constitutivo, denuncia que es el medio que el Derecho Internacional le permite a los Estados para romper la relación que lo une con un Tratado Internacional, en ejercicio de su Soberanía Nacional y en un acto similar al divorcio en el Derecho Civil.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 destina su artículo 56 a disponer el procedimiento y alcances del Acto de Denuncia o Retiro. Las causales son varias, pero en el caso del Parlacen, el motivo principal, aplicable no sólo para Guatemala sino que para todos sus Estados Miembros, vienen contenidas a continuación, en el artículo 62, que prevé el “Cambio Fundamental de las Circunstancias”, puesto que cada uno de los Estados Fundadores otorgó su consentimiento, para la prosecución y alcance de la efectiva Unión Centroamericana, finalidad objetivamente inalcanzable luego que Costa Rica negó su consentimiento a la integración y el Organismo aceptó como miembros a Panamá y a República Dominicana, dos Estados que nunca formaron parte de la Federación de Estados Centroamericanos (julio de 1825-noviembre de 1824), Federación que fue barrida por el viento de la desunión inherente que privó siempre en la región, cuna de caudillos enfrentados entre sí, tal como lo registra la historia centroamericana.
Muy distinto será enfocarnos en el esfuerzo de creación y construcción del Mercado Común Centroamericano, el que, aun cuando no ha alcanzado ni el estadio de la Unión Aduanera, ha representado un ostensible desarrollo material de la región y promete futuros alcances, dentro del marco político-diplomático del Sistema de Integración (SICA).
Retomando la idea del enunciado de este artículo, el procedimiento para lograr la Denuncia del Tratado Constitutivo, está previsto en el artículo 175 de la Constitución: Procedimiento Consultivo, forma inequívoca de expresarse la Soberanía Nacional en este acto de tan especial trascendencia para el Estado de Guatemala y que nos permitirá, no sólo ahorrar el dispendioso gasto, reencausarlo por lo menos, a Salud y Educación, sino que también negarle inmunidad-impunidad a veinte políticos nacionales cada cuatro años.
Este procedimiento consultivo tendrá que ser efectuado en las próximas elecciones generales, de manera que su resultado sea aplicable a los candidatos ahí nominados, evitando que puedan ser electos y juramentados, iniciativa que recaerá en la generación de ciudadanos, jóvenes indignados que están cambiando el rostro de Guatemala. Pero todo ello tiene que empezar desde ahora mismo.
