Juan Francisco Reyes López
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Sin que se tuviera previsto y en carácter de urgencia nacional, la actual legislatura aprobó la “Ley que fomenta el empleo” y que conlleva enormes privilegios, exoneraciones de impuestos por diez años para un específico grupo de empresarios nacionales y extranjeros que se dedican principalmente a la maquila y a servicios de telefonía y otros. El presidente de la República se encontrará ante la disyuntiva de sancionar o de vetar dicha ley.
Al igual que los salarios diferenciados, esta ley constituye un enorme conjunto de beneficios a favor de unos pocos, donde resalta el nombre de conocidos empresarios, así como de miembros de diferentes partidos políticos.
Álvaro Colom se dedicó a la maquila, incluso, como se puede comprobar, no pagó impuestos, no pagó contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pero sí las descontó a los trabajadores.
Esta ley era una carta de negociación para que el Ejecutivo lograra que a cambio de privilegios los empresarios acordaran con el gobierno el cumplimiento de normas sociales que garantizaran una mejor recaudación para poder cumplir con las obligaciones en salud, educación, seguridad e infraestructura. También era una norma que permitía al Ejecutivo, en esa negociación, lograr que CACIF y las diferentes cámaras y asociaciones que lo integran, se comprometieran a no continuar aumentando el precio de la canasta básica alimenticia, el cual debería haber bajado ahora que los precios de la gasolina, el diésel, el bunker y el gas propano han bajado a más de la mitad.
También, es una carta que, al ser bien utilizada, podría ser un medio para que la bonificación salarial se aumentara a Q500.00 y así algo se compensara y reajustara el poder adquisitivo de todos los asalariados. Sin embargo, el Organismo Legislativo, de la noche a la mañana, utiliza el procedimiento de emergencia y aprueba una ley que los nuevos diputados no conocían sus implicaciones sociales y económicas para el país.
Esperemos que a los nuevos legisladores los hayan sorprendido y no seducido por otros medios como solían hacer los productores de huevos y pollo con la Ley de Fomento Avícola. A propósito de ese producto, habría que cuestionar al Ministro de Economía por qué le está denunciando un abogado por impedir la importación de numerosos contenedores de esos alimentos, será que el ministro está a las órdenes de quienes han sido patrocinadores de diferentes campañas políticas, incluyendo la que encabezó Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
En todo caso, si Guatemala se encuentra en una grave situación fiscal por falta de recaudación suficiente de impuestos; si los guatemaltecos continúan inmigrando como la mejor alternativa para poder ayudar a que vivan sus padres, sus esposas y su hijos que quedan en Guatemala, debe de haber una política de frenos y contrapesos sociales y económicos en el presente gobierno y no una repetición en el Organismo Legislativo de concesión de privilegios, de exoneraciones fiscales que no benefician a la gran mayoría, ni aumentan en ningún sentido la recaudación de impuestos y continúan siendo una repetición de decisiones legislativas que concentran la riqueza en unos pocos.
Qué bueno sería que se hiciera público un registro de quienes son los maquiladores beneficiados con esta ley.
¡Guatemala es primero!
