Raúl Molina
Llevamos 70 años de intervencionismo de EE. UU. en los asuntos internos de Guatemala -la desestabilización de Arévalo comenzó a inicios de su mandato, para concretarse con el derrocamiento de Árbenz mediante la intervención político-militar de 1954 que cercenó la «Primavera Democrática». Aunque a veces pudo haber tenido buenas intenciones de «ayudar» -Alianza para el Progreso, suspensión de ayuda militar, apoyo al proceso de paz, apologías de Clinton y salida de Otto Pérez- Washington siempre ha buscado sus propios intereses, sin importarle las consecuencias para nuestro país y sus grandes mayorías, al punto de tolerar el genocidio e ignorar nuestra caída hacia el «Estado fallido».
Al informarnos sobre la nada digna reunión del vicepresidente Biden con los presidentes, en minúscula, de El Salvador, Guatemala y Honduras, convocada a su antojo para discutir «su agenda», percibimos que la Alianza persigue esencialmente los mezquinos intereses estadounidenses y no promover el «muro del desarrollo», que sería la única forma de disminuir el flujo de emigración hacia el Norte. Dijo Biden: «Juntos vamos a tener que seguir tomando medidas para garantizar varias cosas, que menos migrantes se embarquen en el peligroso viaje a Estados Unidos» (EP) y describió los USD 750 millones para 2016 como «una señal de amplio apoyo bipartidista. Muy pocos temas tienen apoyo bipartidista, pero existe» (EP). Es evidente que, ante la que consideran amenaza de las niñas y niños indocumentados de Centroamérica, los dos partidos, Republicanos (policía rudo) y Demócratas (policía blando), hacen causa común y erogan el dinero necesario para reprimirla. No se reprime al narcotráfico ni a otras formas de crimen organizado; pero no se quiere más migrantes trabajadores de nuestra región. Así, aunque «algo» positivo pueda surgir de la formación del Comité para Centroamérica en el Congreso de los Estados Unidos, en donde participa una congresista de origen guatemalteco, es claro que las decisiones del gobierno para evitar la migración centroamericana no serán objetadas.
En la bochornosa reunión de Washington, una afrenta a la soberanía de los pueblos centroamericanos, Biden, con arrogancia imperial, también conmina a los presidentes a erradicar la corrupción, a fin de poder recibir «otro regalito» de 750 millones de dólares para 2017. Para merecerlo, tienen la obligación de mostrar resultados -menos corrupción y menos migrantes- ante el Congreso de EE. UU. Como respuesta, los presidentes acordaron, sin consulta a nadie, el Plan que abarcará esfuerzos para «combatir el tráfico de personas, continuar esfuerzos para fortalecer la seguridad fronteriza, y facilitar el regreso de los inmigrantes indocumentados deportados a la región desde EE. UU.» (PL). Adicionalmente, Jimmy Morales le sugirió a Biden la formación de un Comité Consultivo de la Alianza: «Queremos que participe el gobierno de Guatemala, el empresariado local, la embajada estadounidense y la autoridad local» (PL). No aparecemos ni la sociedad civil ni los migrantes; ¿pensará que CACIF y la Embajada nos representan? Por dignidad, digamos no a la Alianza.
