Muchos países que han tenido problemas para incorporar a sectores marginados vieron en la acción afirmativa, que también se conoce como discriminación positiva, el camino para generar condiciones de igualdad. De esa cuenta se fijaron cuotas por razón de género o étnicas, obligando a centros de enseñanza, empresas y partidos políticos a ser incluyentes y cumplir con cuotas para que las mujeres o miembros de distintos grupos étnicos discriminados históricamente pudieran tener acceso a educación, trabajo o a los puestos de elección popular.
En Guatemala se plantea ahora iniciar la acción afirmativa con la política, respondiendo a un viejo clamor de mujeres e indígenas que se sienten con razón discriminados a la hora de la participación. Las mujeres se han quejado históricamente porque en los partidos políticos a lo más que llegan es a hacer sándwiches para las actividades partidarias y los indígenas son borrados del escenario como ocurre con el resto de las actividades del país.
Nuestros políticos, que de tontos no tienen un pelo, encontraron un atractivo envoltorio para venderle a la población como un gran avance la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, asegurándose el respaldo de todos los activistas en cuestiones de género o de etnia que se sienten comprendidos y atendidos por la inclusión de la acción afirmativa que obliga a los partidos a asignarles cuotas igualitarias en las postulaciones para los cargos de elección popular, especialmente para el Congreso de la República.
Pero tenemos que ser honestos en decir que mientras no cambie la verdadera estructura de los partidos políticos, que la ley deja intacta, ni las mujeres ni los indígenas honestos y realmente capaces e idóneos tendrán cabida porque para figurar en las planillas de todos modos tendrán que comprar las plazas y buscar sus financistas entre quienes desde la campaña compran la voluntad de la clase política del país. No hay forma de alcanzar una candidatura sin comprometerse (lo cual es prostituirse) con los grandes intereses que mueven los hilos de la política nacional mediante el financiamiento que ni los ponentes de las reformas, ni la Corte de Constitucionalidad ni los diputados, se atreven a tocar.
Si se permitiera la postulación de candidatos por comités cívicos, la acción afirmativa tendría razón porque abriría la puerta a las mujeres y los indígenas más respetados y calificados para optar a los puestos públicos sin tener que someterse a los vicios de la vieja política nacional que pone precio a cada curul y que corrompe a todos los que entran al juego.
