Ante los despropósitos de ciertas bancadas que quisieron limitar las funciones del Ministerio Público para evitar que pudiera emprender investigaciones exitosas, hubo una consistente reacción de los grupos sociales y varios ciudadanos acudieron a la cita frente al Congreso de la República para ejercer presión mientras en el hemiciclo se conocía el proyecto de Ley que regula el funcionamiento de la Fiscalía General. La presión fue eficiente para impedir que se pudiera aprobar esa drástica reducción de las facultades investigativas del MP y los diputados que estaban buscándola tuvieron que retroceder.
Los ciudadanos hemos tenido una muestra de que la presión funciona muy eficientemente para evitar los abusos de legisladores que se han acostumbrado a actuar a espaldas del pueblo, y debe tomarse nota de ello porque en el país tiene que darse un proceso de reforma profunda del Estado en donde no puede tener cabida la pretensión de apuntalar los viejos vicios de la política nacional para que se siga garantizando la subsistencia de un modelo perverso que alienta la corrupción y se basa en la impunidad.
Necesitamos una reforma del sector justicia y nada más importante, para empezar, que la integración de la Corte de Constitucionalidad a donde no pueden llegar los defensores de ese viciado sistema porque ya hemos visto, en este período, de lo que son capaces y cómo es que pueden maniobrar para apuntalarlo. Baste señalar la forma en que se ha eliminado la posibilidad de que los diputados puedan reelegirse indefinidamente para comprender de qué lado están los magistrados, toda vez que la Constitución les garantiza a los diputados el derecho a la reelección, pero no prohíbe que la misma pueda ser regulada por la Ley Electoral, ya sea estableciendo cuántas veces se pueden reelegir o si lo deben hacer en períodos alternos, por ejemplo.
Y por ello es que ahora la atención de la ciudadanía se tiene que concentrar en las cinco instancias que designan magistrados de la Corte de Constitucionalidad, siendo ellas la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Organismo Ejecutivo, es decir el presidente Morales quien tiene la última palabra, y el Colegio de Abogados. La clave de la posibilidad de una reforma del Estado en el marco de la institucionalidad está en que tengamos una Corte de Constitucionalidad que no tenga compromisos con el sistema corrupto y viciado, y en el papel de la ciudadanía para no disminuir la presión sino, por el contrario, aumentarla y dirigirla con precisión a los entes que deben y merecen ser presionados.
