Es obvio que en el Congreso se sienten pasos de animal grande y el miedo se apodera de muchos diputados, razón por la cual están trabajando (al fin) para buscar cómo torpedear el trabajo del Fiscal General en la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que actualmente se está tramitando ya en el pleno. Fracasado por burdo el esfuerzo por limitar la capacidad de investigación obligando al MP a buscar autorización de Juez para requerir informes de dependencias públicas, lo cual hubiera impedido, por ejemplo, que se llevara a cabo la investigación sobre el “agua mágica” para dizque limpiar el Lago de Amatitlán, los legisladores siguen empeñados en ponerle cortapisas al ente a cargo de la persecución penal, tratando de reducir al mínimo cualquier riesgo de que la lucha contra la corrupción siga adelante.
En Guatemala lo que necesitamos es ampliar la capacidad de investigación del Ministerio Público, tomando en cuenta que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no estará aquí para siempre y que lo que apruebe el Congreso tendrá que ser la herramienta de futuro, la que para el largo plazo permita cimentar la lucha contra la impunidad en nuestro país. Por ello es que este momento es crucial, puesto que no se trata de una ley más, sino de la ley que marcará el ritmo de nuestro empeño por combatir la corrupción y la impunidad, lo que equivale a decir que es la ley para garantizar que la ley se aplique por parejo a todos.
Es tanto el miedo que hasta se quitan la careta los que tiemblan ante la posibilidad de que se puedan efectuar investigaciones serias e independientes, que escapen al eterno control que los poderes ocultos han mantenido en todo el aparato de justicia, empezando precisamente por el Ministerio Público, donde nunca antes hubo el menor interés por atacar la corrupción como uno de los males mayores de la sociedad guatemalteca.
Hemos vivido acostumbrados a que la ley se aplique de manera selectiva y que los castigos mayores sean simplemente para los delincuentes que forman parte del lumpen. Se creó un Ministerio Público cooptado por los poderes fácticos para tejer el manto de la impunidad desde los tiempos del conflicto armado y luego esa estructura siguió al servicio de los corruptos. La elección de Fiscal General siempre fue condicionada a que no se abordara ese tema; se pudo abordar el tema de los crímenes de guerra, pero no el de la impunidad. Y ahora, cuando el MP toma esa vital dirección, surgen maniobras tenebrosas para reducirlo al mínimo.
