Lic. MSc. Luis Fernando Cordón Morales
Presidente de Junta Directiva
Asociación pro Derechos del Contribuyente –Asprodeco–
buzonasprodeco@gmail.com
Que los organismos internacionales condicionen nuevos préstamos previa reforma profunda de la SAT es razonable, porque si bien tienen garantizado su pago puntual, ya que son los primeros desembolsos que hace el Estado previo a los gastos operativos, ven un riesgo crediticio a mediano plazo de continuar el ente recaudador en las circunstancias actuales. Los escándalos ocurridos desde abril del año pasado son de trascendencia distinta de los sucedidos en cualquier otra institución estatal, ya que no se trata de desembolsos sobrevalorados, innecesarios o no respaldados, sino que son ingresos legítimos que no llegan a las arcas del Estado para cubrir sus obligaciones, provocando una indisponibilidad dineraria que pudiera alcanzar en algún momento el pago de deuda.
Las capturas ocurridas el viernes 12 de febrero del presente año tiene un matiz especial, y es que desde hace un par de años ya se comentaba en el ambiente tributario sobre la modalidad extorsiva con apariencia de legalidad utilizada por varios personajes, algunos ya capturados, que por ser trabajo a lo interno de SAT hacía complicado sustentar las investigaciones del MP, siendo algunas escuchas analizadas en el caso de la estructura denominada “La Línea” (Incorrectamente nombrada porque así se le ha denominado al cobro ilegal que por décadas se ha exigido y sigue exigiéndose al gestionar en aduanas en nombre de las diferentes autoridades de turno, pero no el grupo en sí), las que proporcionaron la coartada para fundamentar las órdenes de captura y permitirán respaldar las acusaciones.
Todo lo citado, sumado al incumplimiento de las metas de recaudación despertó la necesidad de reformar estructuralmente la Administración Tributaria, que es atinado bajo la perspectiva de fortalecerla, haciéndola eficiente, profesional y principalmente transparente, y para ello, el Congreso de la República cuenta con una propuesta concreta elaborada por el Icefi que tendrá que discutir; sin embargo, para que una reforma a su ley orgánica suceda pueden pasar varios meses, por lo que la trasformación debe iniciar inmediatamente desde adentro, desde sus entrañas.
Por lo indicado, resulta imperioso que se inicie con la remoción de las personas de confianza de los capturados, incluidos sus alfiles y acompañantes eventuales de cabecera, antes que entorpezcan las investigaciones y sigan desprestigiando a la institución. El problema profundo de la SAT no es tanto de estructura ni tampoco de ley, sino que es de personas, como ocurre en la mayoría de instituciones del Estado, en donde por el compromiso de proteger intereses espurios o el afán egoísta de enriquecerse ilícitamente han debilitado su institucionalidad.
Pero no todo está perdido, la barca puede reencausarse y lo puede hacer su tripulación, los empleados y funcionarios honestos que cada día pueden emprender sus actividades con esfuerzo, profesionalismo y responsabilidad, tomando en cuenta que de las mayores crisis es donde se forma el carácter y que siempre se puede elegir hacer lo adecuado y dejar de hacer lo incorrecto o inmoral. Las actuales autoridades de la SAT tienen la oportunidad de hacer las cosas diferentes, iniciando con hacer los nombramientos por capacidad e identificación institucional y transparentando sus actuaciones, pueden verse reflejados en el MP en donde la Fiscal General inició con sus acciones personales y ha inspirado a su equipo, rescatando poco a poco a un ente que también estaba a la deriva.
