Víctor Hugo Godoy
Los municipios recibían el porcentaje de algunos impuestos que los ayudaban a pagar los gastos de funcionamiento, que en su mayoría se cubrían con lo recaudado por al arbitrio de ornato, una vez al año. En las aldeas y caseríos era labor del Alcalde Auxiliar y sus alguaciles la recolección de dicha contribución vecinal. Aunque con el tiempo, y ante las penurias de los municipios, se dispuso que algunos impuestos nacionales fueran destinando un porcentaje al municipio y entre ellos estaban, el del petróleo, la cerveza, el tabaco, circulación de vehículos y el impuesto territorial o 3 por millar. Este último, se principió a trasladar su administración a los municipios según criterios de tamaño de población y esfuerzos de recaudación en arbitrios municipales, que pretendían premiar la eficiencia en su fortalecimiento financiero.
Fueron estos criterios de distribución del impuesto del 3 por millar los que sirvieron de base para, aumentados en dos criterios más, realizar la actual distribución del aporte constitucional y el IVA-PAZ. Lamentablemente, los criterios de distribución, por ejemplo el que recibían según el porcentaje de población rural, los municipios no estaban obligados a invertirlos en esas áreas, lo que inhibió el impacto que estos criterios pudieron tener en las zonas que más lo necesitaban.
He mencionado en artículos anteriores, cómo la autoridad municipal se fue configurando desde la colonia hasta 1982, a manera de que la Corporación Municipal fuera el ente más representativo de la voluntad vecinal, con funciones ejecutoras y, en muchas poblaciones, de jueces de los alcaldes y con atribuciones fiscalizadoras y legislativas de los síndicos y concejales. Podría asegurar que con el sistema de representación municipal anterior al actual, ningún alcalde poseía una maquinaria mayoritaria de apoyo en su Concejo y todo se aprobaba por argumentaciones y convencimiento. De quince integrantes del Concejo Municipal de la ciudad de Guatemala, Manuel Colom sólo había llevado de su planilla a Alfredo Balsells, Alberto Solórzano, Francisco Orellana, Eduardo Escobar y Valerio Ibarra; y sin embargo realizó la administración más trascendente de la segunda mitad del Siglo XX. He señalado también que no se podía reelegir a los alcaldes ni a los concejales, como tampoco se podían aumentar los sueldos o monto de las dietas con vigencia en el período. Todo este tipo de frenos, contrapesos y controles eran necesarios para el buen desempeño de los cargos edilicios cuando no se tenían recursos. ¿Por qué se flexibilizaron ahora que el municipio contaba con ellos?
El municipio hoy recibe fondos que en teoría van destinados a una cosa pero, los administran como si fueran “fondos propios” con tal discrecionalidad que son usados en otra diferente. Ya en los primeros años el INAP hizo un estudio sobre el uso del porcentaje constitucional: las prioridades previstas se encontraban ausentes en las inversiones y las necesidades seguían latentes. Ahora que se plantea la reforma del Estado, una y muy necesaria es la que traslade competencias al municipio para parar ese despilfarro.
