Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El gobierno del presidente Morales dispuso renovar el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria para iniciar el proceso de reestructuración de la entidad a cargo de la recaudación fiscal de Guatemala, acción que era obligada a la luz de lo que se ha venido conociendo sobre la forma en que altas autoridades de la SAT actuaban en su propio beneficio y en desmedro de la captación de los recursos que desesperadamente hacen falta para atender demandas de educación, salud, seguridad y otros servicios públicos como puede ser un sistema de transporte masivo para el área metropolitana.
La verdad es que por acción o por omisión, el anterior directorio incumplió sus funciones porque todas esas porquerías pasaron bajo sus narices sin que se percataran o se quisieran percatar de lo que estaba ocurriendo. Los superintendentes, todos con problemas y algunos hasta presos por esos problemas, fueron nombrados a propuesta del directorio de conformidad con la ley y no se puede excusar la falta de tino al integrar las listas de candidatos porque fue a iniciativa del directorio removido ayer, que se terminaron haciendo los nombramientos.
Pero el tema de fondo ahora no es únicamente la designación de un nuevo Superintendente de Administración Tributaria, sino el contenido del proceso de reforma y para ello hay que contar con cooperación externa, nacional e internacional, de expertos en temas tributarios que puedan identificar los enormes agujeros que tiene nuestra estructura actual para recomendar las acciones correctivas que impidan que los funcionarios terminen recogiendo dinero que debiera ir a las arcas fiscales.
No puede seguirse con los procedimientos actuales de secretismo y discrecionalidad que permiten que se puedan hacer millonarias devoluciones fiscales a la brava y sin que públicamente se expongan las razones por las cuales determinado contribuyente tiene derecho a recibir dinero que ya ha sido recaudado. Tampoco es posible que el departamento jurídico de la SAT siga siendo una cueva de Alí Babá en donde se pone precio a los dictámenes que sirven para desestimar reclamos que hace el órgano a cargo de la recaudación, puesto que ello se presta a muchísimos problemas. Por un lado el simple y llano soborno, pero también puede llegarse al caso de que se hagan literales extorsiones utilizando reparos impositivos como pieza de presión.
No olvidemos que en el diseño original de la Superintendencia participaron funcionarios de un gobierno orientado a la privatización y que sin empachos manifestó su desprecio por lo público en favor de lo privado y por ello es que hay muchos elementos en la concepción de la SAT que indican favoritismo a cierto tipo de contribuyentes que pueden arreglar sus cosas con relativa facilidad. Y eso no es nuevo ni lo introdujo el gobierno anterior, sino que se trata de una especie de pecado original y son esos detalles los que se tienen que corregir cuando se haga un nuevo proyecto para plantear una vigorosa y sana entidad recaudadora que sustituya a la actual que ha mostrado tantos vicios.
