La perversidad de ciertas mentes en el Congreso no tiene límite, y se evidencia con acciones como la iniciativa presentada ayer para agregar un artículo a la Ley del Ministerio Público en el que se impide que el Fiscal General pueda pedir la colaboración de cualquier funcionario administrativo del Estado para el cumplimiento de sus funciones, y releva a éstos de la obligación de proporcionar informaciones a menos que previamente exista orden de juez.
La intervención de los jueces en la fase de investigación es constitucionalmente obligada cuando se trate de acciones, como las escuchas telefónicas, que impliquen riesgo para los derechos de algún particular, pero si para cualquier investigación que pueda realizar el Ministerio Público previamente se tiene que tramitar permiso de un órgano de justicia, obviamente se castra la acción investigadora y, sobre todo, se compromete seriamente porque en tales condiciones pueden atrincherarse especialmente quienes comparten intereses en la mafia de la corrupción en el país.
No es casualidad que diputados de bloques que han tenido amplia participación en distintos fenómenos de corrupción, y cuyos dirigentes han sido beneficiarios de las debilidades del sistema, sean ahora los que pretenden aniquilar la capacidad de investigación del Ministerio Público y quitar los dientes a la figura del Fiscal General de la República.
En la forma en que actualmente está regulada esa capacidad del Ministerio Público han funcionado eficientemente los proceso de investigación y las escuchas telefónicas han sido siempre aprobadas por un juez contralor para impedir que se incurra en abusos o excesos. Nótese que nunca ha trascendido alguna escucha, que debe haber, sobre aspectos de la vida personal de los implicados, lo cual evidencia el profesionalismo con que se han manejado los casos.
Pero si la Fiscalía General de la República, para pedir un informe a cualquier funcionario en el curso de alguna investigación en marcha, tiene que solicitar permiso de un juez, estamos aniquilando la capacidad de investigación y protegiendo a los corruptos. Por ello decimos que no es casualidad que los líderes de los partidos atrás de la enmienda sean justamente quienes están urgidos de asegurar impunidad, de garantizarse una coraza ante futuras acciones de investigación, puesto que necesitan mecanismos para detener el trabajo del Ministerio Público o, por lo menos, someterlo a algún mecanismo que les permita recibir aviso previo por filtraciones que puedan venir del ente al que se le asigna la función de control.
Si eso hace el Congreso con el Ministerio Público, al que junto a la CICIG el país debe el haber abierto los ojos de la gente, imaginemos la forma en que manosearán las otras leyes.
