Raúl Molina
A lo largo del período de exitosa lucha ciudadana para echar del gobierno a Pérez, Baldetti y secuaces, de manera apresurada diversos entes políticos –Tribunal Supremo Electoral, Congreso y Corte de (In) Constitucionalidad (CC)– elaboraron y respaldaron un “mamarracho”, que en parte se basó en propuestas formuladas por la Plataforma para la Reforma del Estado. Esas propuestas eran buenas para parar el proceso electoral y hacer nueva convocatoria; pero eran insuficientes para recomponer nuestro desgastado y desacreditado sistema político. En todo caso, la respuesta de los entes políticos ha sido el empeoramiento de las propuestas originales.
Existen mil razones para rechazar el engendro que, con las observaciones de la CC, tiene el Congreso en sus manos. No han escuchado el clamor popular de limitar el número de veces que se elija una o un diputado y de cerrar, definitivamente la puerta del transfuguismo. Ser diputado no es una carrera ni es el servicio civil; es una actividad política, con un “sacrificio por la Patria” que no debiera exceder 8 años, ya sea en períodos continuos o alternos. El transfuguismo se basa en el concepto de que una curul es propiedad privada. El o la representante que se da cuenta de que está en el partido equivocado, por las razones que sea, tiene el derecho y la obligación moral de renunciar; pero la curul debe quedar vacante ipso facto. Se trata de representantes de una fuerza política, no de dueños de una tienda de favores. Estos dos aspectos, la CC prefiere no tocarlos y el Congreso propone normas para ellos junto con las tretas para saltárselas. Además, después de una crisis tan profunda como la de 2015, la ciudadanía esperaría contar con un mecanismo menos engorroso para expulsar al Vicepresidente o Presidente que el que tuvimos que utilizar, así como para la salida de otros cargos públicos, incluidas las y diputaciones. Guatemala necesita urgentemente el “artículo revocatorio”. No será necesario 20 semanas de plantones; la ciudadanía tiene el derecho de sacar con firmas y votos a cualquier funcionario que no cumpla con sus obligaciones.
Hay muchos aspectos más que merecen ser legislados. Debe desarrollarse, adecuadamente, el concepto de Comité Cívico Nacional, con la capacidad de proponer candidaturas a presidente/vicepresidente y diputados y desde el extranjero exigimos el derecho a elegir y ser electos o electas para todos los cargos pertinentes, en condición de “distrito electoral 24”. Se hace necesario separar la Ley en dos partes: ley electoral, estrictamente, y ley de participación política de ciudadanos y ciudadanas, con mayor atención a partidos y otras organizaciones. Más importante todavía será la elaboración de una fórmula específica para la elección y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, dándole su adecuado desarrollo al artículo 279 de la Constitución. Hay la necesidad de elaborar una nueva Constitución, no simplemente reformar la actual, y la ciudadanía exige una asamblea representativa de los cuatro pueblos y no copia de un Congreso que funciona como club privado de los partidos políticos. ¡Esto es urgente!
