Estuardo Gamalero
«Cualquiera puede ponerse furioso… eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta… eso no es fácil».
Aristóteles, ética a Nicomaco
Si bien un problema se refiere a situaciones objetivas y los conflictos parten de situaciones subjetivas, debemos reconocer que un conflicto es una situación que implica un problema. Un conflicto no atendido puede suscitar en posteriores enfrentamientos entre dos o más partes, cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y contrapuestas.
Por ejemplo, la crisis en el sistema de Salud y medicinas es un problema. La desnutrición y carencia de educación a nivel nacional son un problema. El abuso de algunos sindicalistas en la manipulación de los Pactos Colectivos constituye un problema; la postura del sindicato en relación al tema puede provocar un conflicto. La violación y atropello de un pueblo es un problema: la postura de la comunidad puede generar un conflicto.
En ese sentido deseo llamar la atención en la diferencia que hay entre «la posición» y «los intereses» de una parte. En las demandas sociales, en las noticias de los medios y en la agenda de los gobernantes, generalmente quedan muy claras cuáles son sus posiciones. Lo que muchas veces no nos dicen o la gente no entiende es ¿cuáles son sus intereses?
Hay personas que explotan un problema y luego viven y lucran del conflicto. En ese orden de ideas, también hemos aprendido que a los vividores no les interesa resolver la situación, sino más bien incrementarla.
La razón por la que hoy escogí este tema es porque constantemente estamos expuestos a la opinión, consideraciones y bombardeo de notas y noticias sobre las cuales nos toca opinar, o simplemente queremos tener una postura.
La reflexión es en el sentido de investigar o deducir, ¿cuál es el problema detrás del conflicto? ¿Cuál es el interés que motiva y promueve un posicionamiento?
Al día de hoy, tenemos una amplia agenda legislativa cargada de propuestas que intentan satisfacer necesidades, pero que también pueden provocar más problemas e incrementar los niveles de conflictividad si no se abordan correctamente.
El sistema judicial se está enfrentando a una prueba muy fuerte: demostrar que la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia, no son temas ideológicos sino de principios. Lo anterior es un problema. Sin embargo, la conflictividad, girará en torno de las pruebas y la sed de justicia que prevalece en el ambiente social. El MP y CICIG tienen el constante reto de demostrar en sus investigaciones y que lo actuado por ellos se encuentra bien fundamentado y que no constituye una «cacería de brujas».
En el Ejecutivo, un gran problema es la falta de recursos y un modelo de gobierno que carece de confianza y credibilidad, como consecuencia de los actos de corrupción que ensucian el pasado y que lamentablemente continúan empañando el presente.
El rol de las autoridades y los actores sociales debe ser el de construir relaciones, no destruir los puentes que existen. La comunicación de las autoridades al pueblo debe ser transparente, clara y consecuente. A las personas no nos gustan los trinquetes, los engaños y los oportunistas.
Es tarea de los gobernantes y los buenos líderes generar y exponer varias y buenas opciones. Lo anterior implica un mejor nivel de objetividad en la toma de decisiones. No se vale que adoptemos supuestas soluciones, como consecuencia de la imposición de una «opción» que obedece a intereses ilegítimos o que destruyan la institucionalidad de la República.
He aprendido que una buena negociación se funda en acuerdos que satisfacen los intereses propios y los de la otra parte. Esto no es tarea fácil, pero debemos intentarlo. También es de suma importancia que los gobernantes y la población adoptemos compromisos realistas, suficientes y operativos.
