Tras la reforma constitucional en tiempos de Ramiro de León Carpio, en el Congreso, se temió que la independencia asignada al Fiscal General pudiera en determinado momento poner en riesgo la estructura de impunidad apuntalada por poderes ocultos que han tenido siempre presencia en el Organismo Legislativo y por ello se sacaron de la manga la creación del Consejo del Ministerio Público que sirvió, históricamente, para mantener ciertas fiscalías bajo control, a efecto de que no pudieran ser efectivas en la investigación y persecución de ciertos delitos.
El Consejo del Ministerio Público es un mamarracho inconstitucional porque su creación es para ejercer control sobre la Fiscalía General de la República, pasando por alto que el Ministerio Público es una estructura jerárquica en la que la máxima autoridad es el Fiscal General y los distintos fiscales tienen que trabajar de acuerdo a las políticas de la autoridad superior. No es como en el Organismo Judicial, puesto que allí prevalece la independencia de poderes y por lo tanto cada juez es amo y señor de su jurisdicción, sujeto a revisiones de las salas de acuerdo a los procedimientos legales, pero con capacidad para actuar absolutamente independiente de la misma Corte Suprema.
Y es mamarracho, además, porque se integra por tres fiscales electos entre los mismos fiscales y tres profesionales de la lista de postulados para el cargo de Fiscal General. Y tiene facultades que anulan la autoridad superior que la misma Constitución asigna al Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.
Pero lo peor de todo es que los miembros del Consejo no tienen veda para ejercer liberalmente su profesión y de esa suerte son como los magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, objeto de conflictos de interés y, peor aún, sujetos de tráfico de influencias porque, qué particular involucrado en un litigio no va a querer de defensor o asesor legal a alguien que pueda mover sus piezas en instancias como el Ministerio Público o la Corte de Constitucionalidad.
Legalmente, tanto los miembros del Consejo como sus colegas magistrados suplentes en la CC tienen todo el derecho de litigar y trabajar como abogados en distintos campos. Hoy vemos a un miembro del Consejo defendiendo a una acusada del delito de defraudación tributaria y de falsear documentos para desaparecer demandas por más de 200 millones a favor de una poderosa empresa metalúrgica. El caso ha sido investigado por el MP y resulta que el defensor tiene funciones que podrían tener incidencia, aunque ahora por fortuna, la Fiscal General estará más que atenta.
La creación del Consejo del MP fue una maniobra para apuntalar la impunidad y justamente por eso, esa instancia debe desaparecer.
