Adolfo Mazariegos
Hace algún tiempo (en 2012), publiqué un par de breves artículos en los que hablaba acerca de la institucionalidad de los partidos políticos en Guatemala. Prácticamente había olvidado ya esos sencillos escritos. Sin embargo, buscando otros textos, he dado con esas líneas que me han hecho reparar en la situación actual de dichas organizaciones, cuya cuestionada institucionalidad, tanto hoy como cuando escribí de ello años atrás, sigue siendo tema de necesaria e impostergable discusión. Por ello, y en virtud de la actual coyuntura en la que el transfuguismo, el oportunismo, la corrupción en el Estado, etc., son temas en boga, me permito retomar dicha idea aunque sea de manera somera (que no es lo ideal por supuesto), con la intención de poner nuevamente sobre la mesa un tema de tanta importancia y trascendencia para un sistema político como el guatemalteco, que, dicho sea de paso, pareciera a pesar de los ofrecimientos y reiteradas promesas de cambio, asentarse nuevamente y de forma acelerada en eso que la ciudadanía ha rechazado tanto y que muchos (incluso “políticos”) han dado en llamar la vieja política. De conformidad con los artículos 16, 17 y 18 de la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos, un partido político es “una organización política” que, constituida legalmente e inscrita en el Registro de Ciudadanos goza de la calidad de “Institución de derecho público”. La Real Academia de la Lengua Española, por su parte, indica que una institución es una organización que goza de respeto por su quehacer, porque crea, porque propone y porque además perdura en el tiempo. Un partido político tiene responsabilidad jurídica, lo cual le permite hacer valer sus derechos y al mismo tiempo le obliga a cumplir con un marco jurídico vigente. A nivel teórico, y visto en la práctica como algo “ideal”, un partido político es el intermediario entre la población y el Gobierno (en el cual, mediante un proceso de elecciones), se ha delegado la dirección del Estado. En otras palabras, idealmente, los partidos políticos son vehículos a través de los cuales puede coadyuvarse a mejorar diversas áreas de la vida cotidiana de un país entero, y no solamente de un grupo reducido cuyos fines sean personalistas y clientelares (como ha sucedido). Es innegable, por tanto, que esa institucionalidad que debe caracterizar a los partidos políticos guatemaltecos resulta casi inexistente (por no decir simplemente inexistente). Y tomaré aquí como referencia, por obvias razones, los partidos existentes a partir de 1985 a la fecha, que se han caracterizado, principalmente, por un patrón de búsqueda de objetivos cortoplacistas que parecieran ser más de índole personal que parte integral de un proyecto de país cuya finalidad debiera ser, justamente, contribuir al bien común, dado que son los partidos políticos los que por antonomasia, y en un sistema democrático (sistema democrático tal y como se le conoce en lo que hoy día se concibe como democracia), acceden al poder político del Estado […]
