Estamos viviendo momentos cruciales para el futuro del país con respecto a la integración de la Corte de Constitucionalidad porque ya vimos la forma en que ese alto tribunal puede convertirse en el último parapeto del sistema de corrupción e impunidad que acarreamos los guatemaltecos y que, por lo visto, se resiste a morir. El marco legal para la designación de magistrados es muy simple puesto que el requisito que debe cumplir el designado está contenido en la Constitución y se refiere a la honorabilidad, capacidad e idoneidad para el desempeño del puesto, valores concretos pero muy difíciles de calificar en la práctica.
Cuatro de las cinco instituciones que designan magistrados están dando algún indicio de que quieren trabajar con transparencia, lo cual se traduce en publicidad del proceso para que la ciudadanía pueda involucrarse plenamente en la calificación de la honorabilidad, de la idoneidad y la capacidad. Sin embargo, la Presidencia de la República ha dicho que actuará de conformidad con la ley, entendiendo que no hay ley que obligue a que se haga público el proceso de selección ni que comprometa a actuar con transparencia.
En otras palabras, en Guatemala estamos volviendo al viejo pretexto de la vieja política, en el sentido de no hacer las cosas como deben ser, sino aprovechando el parapeto que ofrece la ley para actuar sin transparencia. Cierto es que el Presidente en Consejo de Ministros puede nombrar a quien le dé la gana como magistrado titular y lo mismo con su suplente, pero esa amplitud que ofrece la ley es la que ha permitido que la Corte de Constitucionalidad se convierta en un instrumento al servicio del sistema porque ya sabemos que se han investido de la potestad de tener la última palabra y prácticamente de legislar mediante peculiares interpretaciones de lo que es o no legal, como ocurrió con las interpelaciones en el Congreso, para citar tan solo un ejemplo concreto.
Con el respeto que se merece la institución de la Presidencia de la República, es imperativo recordar que hubo esta vez un mandato clarísimo del pueblo de Guatemala al elegir a alguien cuya única credencial fue haber afirmado que no era ni corrupto ni ladrón. Y ese mandato consiste en romper con la vieja política tradicional que todo lo hace a espaldas del pueblo y que en vez de transparencia prefiere el secretismo. Los guatemaltecos eligieron un Presidente que se presentó como expresión de una nueva forma de hacer política y la designación de magistrados para la CC es una prueba de fuego.
