Jorge Santos
Transcurría el 2008 cuando fue presentada al Congreso de la República la propuesta de la Ley Nacional de la Juventud, conocida como la Iniciativa de Ley número 3896. Uno de los objetivos de dicha Iniciativa es el de propiciar el ejercicio de los derechos humanos y la plena participación de la juventud en diferentes ámbitos: social, de la salud, educativo, político, económico, cultural y ambiental; sin lugar a dudas de los cuales han estado históricamente excluidos los jóvenes.
Esta iniciativa luego de permanecer inmóvil más de 7 años, es retomada por la nueva legislatura y luego sacada de circulación. Sin embargo, las organizaciones de jóvenes estimaron pertinente, de manera acertada, incluir una serie de enmiendas que le den perspectiva al nuevo escenario y a los elementos que en 2008 no fueron considerados o bien no fueron incluidos de manera acertada.
En ese marco y dado que hoy contamos con más y mejor información, condición básica para la formulación de leyes o políticas para cualquier fenómeno social, económico, cultural o de cualquier otra índole, las organizaciones decidieron impulsar algunas enmiendas, dentro de las cuales encontramos: a) derecho a la educación integral en sexualidad; b) derecho a una vida libre de estigma y discriminación; c) garantizar el acceso a los métodos modernos de anticonceptivos y planificación familiar; acompañado de consejería especializada, d) garantizar el acceso a educación integral en sexualidad, con un enfoque científico, de género, derechos humanos, laico, libre de prejuicios y estigmatización.
Estas enmiendas tuvieron como base información relevante tales como que 1 de cada 5 mujeres de 15-19 años ha tenido hijos o ha estado embarazada, es decir, el 21% de las adolescentes han estado alguna vez embarazadas, 16% ya han sido madres. De estas 16% viven en áreas urbanas y 24% en áreas rurales. El riesgo de una adolescente de quedar embarazada es 7 veces superior en las mujeres sin educación en comparación con aquellas que tienen educación superior, y de 3 veces superior cuando se relacionan a las mujeres. (ENSMI 2014-2015).
Así mismo y tal y como lo refiere el comunicado de organizaciones del 04 de febrero, en 2014, 5 mil 119 niñas de 10-14 años fueron atendidas por embarazo –casos tipificados por ley como violencia sexual– y 66 mil 144 en adolescentes de 15 a 19 años en los servicios de salud pública (OSAR, 2014) y un año antes 74 mil 231 mil nacimientos fueron registrados en adolescentes de 10 a 19 años de edad.
Al final el conservadurismo pudo más y se dieron argumentos pueriles, sin basamento científico y más bien el dogmatismo y la mentira reinaron, lo cual produjo que la Iniciativa fuera sacada de circulación y con ello, nuevamente un tema de urgencia nacional vuelve a relegarse y con ello se sigue privilegiando la muerte y la exclusión por encima de la vida, en tanto que garantizar el derecho a la educación Integral en Sexualidad de adolescentes y jóvenes, es una inversión de calidad que tiene beneficios a nivel individual de las y los adolescentes y jóvenes, a nivel de sus familias, comunidades y a nivel nacional.
