Francisco Cáceres Barrios
En nuestra Constitución se lee claramente que cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. Y a lo anterior hay que agregar que la responsabilidad civil prescribe a los 20 años y la criminal se extingue por el doble del tiempo señalado para la prescripción de la pena. ¿Alguien duda que con la sola aplicación de esta disposición legal no es suficiente para castigar severamente a quienes violan la ley, como que serviría de precedente para quienes osaren hacer lo mismo? ¿A manera de ejemplo, cuántos politiqueros que han ocupado cargos públicos en los últimos 30 años no estarían a estas alturas terminando de abarrotar nuestras ya de por sí congestionadas cárceles?
Esto viene a demostrar que no es necesario modificar la Constitución si al menos se conociera, no digamos si se cumplieran al pie de la letra sus disposiciones. Ahora cabe preguntar ¿No es verdad que la Contraloría General de Cuentas y el Organismo Legislativo son quienes tienen a su cargo la función de fiscalizar los ingresos, egresos y funcionamiento de los organismos del Estado y sus entidades autónomas y descentralizadas? ¿Entonces por qué si la soberanía radica en el pueblo, no hemos exigido el cumplimiento total de estas disposiciones? Lo pregunta parece ser necia, pero nunca está de más cuando vemos a cada rato la dilapidación de nuestros recursos públicos, mientras que los que tanta falta hacen en los servicios esenciales del Estado, no aparecen por ninguna parte.
Desde que resultó electo don Jimmy Morales para el cargo de Presidente de la República hemos estado escuchando el cúmulo de exigencias que se le hacen, entre otras, que cuándo iba a nombrar su gabinete, cuándo iba a hacer su declaratoria de bienes o de dónde va a sacar tanto dinero que requiere el buen funcionamiento del Estado pero, a mi manera de ver las cosas, la primera pregunta que debió hacérsele es ¿Cuándo se va a poner a exigir que se cumplan las normas constitucionales y a deducir las responsabilidades a quienes no lo hagan?
Para empezar, a estas alturas, ya debió haberse evaluado la efectividad y eficiencia de la Contraloría General de Cuentas porque llora sangre que se hayan pagado más de Q73 millones por proyectos que a estas alturas todavía no están ejecutados y exigir al menos a sus diputados, quienes ahora se han incrementado, que cumplan con su función fiscalizadora y si no lo hicieren deducirles las responsabilidades inherentes.
