Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El problema de transporte público es uno de los más generalizados por toda la región latinoamericana, donde la concentración en las áreas urbanas se traduce en complicados atascos que implican enormes pérdidas económicas no sólo por el tiempo que se pierde diariamente y que equivale a millones de horas hombre, sino por las implicaciones que tiene en cuanto a costos directos, ello sin mencionar la disminución enorme de la calidad de vida que se produce cuando una persona tiene que pasar más de tres horas todos los días desplazándose hacia sus lugares de estudio o de trabajo.
No es ilógico vincular el problema social de las maras con la desintegración familiar ni este problema con el hecho de que los padres de familia tienen que dedicar al transporte más tiempo que el que pueden dedicar a la formación de sus hijos. Y, como digo, el fenómeno se repite a lo largo y ancho del continente porque no existen políticas de Estado para enfrentar las consecuencias de una deficiente planificación que ha alentado el crecimiento urbano sin orden ni sentido.
En Guatemala tenemos una realidad que se debe encarar. El área metropolitana concentra a casi cuatro millones de habitantes que no tienen medios adecuados para transportarse y que cada día más se agencian de medios propios para movilizarse y compensar la ausencia de sistemas efectivos y seguros de transportación masiva. No se trata de un problema que se pueda enfocar desde la perspectiva del Municipio porque el mismo fue rebasado hace muchos años por la realidad y de allí que la obligación constitucional de legislar sobre «la jurisdicción territorial, organización administrativa y participación financiera del Gobierno Central» en relación con lo que la Carta Magna establece como «la región metropolitana». Nada ha hecho el Congreso en los treinta años de vigencia de la Constitución, y seguimos con reductos en los que cada alcalde hace lo que bien puede sin coordinación ni siquiera para disponer de una Policía de Tránsito Metropolitana que pueda integrar políticas de cada municipio a fin de que lo que haga uno no afecte a otro.
En América Latina hay grandes esfuerzos, costosos la mayoría, para enfrentar un problema que deteriora la calidad de vida y en general se apunta a acciones que desestimulan el uso de medios privados de transporte que ya no caben en la red vial que nunca se diseñó para tanto vehículo. Hay ciudades que han implementado sistemas de buses articulados, como el Transmetro, en vías exclusivas que funcionan adecuadamente, pero en el caso de Guatemala se avanza lentamente y sin visión metropolitana por los conflictos de jurisdicción. Otras ciudades han implementado o construyen metro, subterráneo o de superficie, que no requieren vías exclusivas, pero siempre con visión, resultado de una estrategia de amplia cobertura.
Mientras acá sigamos pensando con mente de Municipio, y de ajuste para hacer negocio con los dueños de los autobuses de siempre, será imposible avanzar. Urge una estrategia nacional que plantee para el área metropolitana una visión de conjunto, propia del concepto de región, y cada día que pasa sin entenderlo se complica más encontrar soluciones que, por cierto cada día también se vuelven más costosas.
