Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Antes de concluir los comentarios que he titulado “Urge rescatar al Congreso”, es procedente señalar que la degeneración en la contratación de personal en el Organismo Legislativo y en distintas dependencias del Estado, incluyendo las municipalidades, es algo que no se produjo de la noche a la mañana.
Por respeto a quienes tienen menos de 30 años de edad y nacieron dentro de la democracia actual, debo señalar que históricamente ha existido un grupo de profesionales y activistas que no necesariamente buscando las mejoras laborales y sociales sino su enriquecimiento personal, se especializaron, se dedicaron a producir y dirigir las actividades que contienen los pactos colectivos de trabajo, sin importarles si el país y cada una de las entidades donde actuaban podían aceptar los planteamientos y pretensiones como los que contiene el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Congreso de la República y otros más.
Incluso, varios profesionales cuyos nombres son conocidos por haber sido los dirigentes de las negociaciones, se volvieron millonarios con solo negociar un pacto colectivo, donde ponían como condición que sus honorarios tenían que pagarlos el Estado o el empleador. Adicionalmente, los trabajadores debían entregar el primer o segundo mes de mejoras laborales a favor de quien les había representado en la gestión del pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Este es un aspecto que también deberá regularse y establecerse que los empleadores, empezando por el mismo Estado, no tienen por qué pagar ningún honorario a quien no los representa. Por supuesto, el honorario no puede argumentarse que está conforme a una tasa que en la realidad no se cumple más que como excepción. Esta es otra tarea que los legisladores deberán enfrentar.
Sin menoscabar las conquistas positivas laborales, también debe establecerse que el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, las municipalidades y demás entes autónomos o semiautónomos, no puede unilateralmente negociar con sus trabajadores un pacto colectivo de condiciones de trabajo sin que exista una aprobación del Ministerio Público y una intervención de la Procuraduría General de la Nación, sin excepción, evitando así que se lleve a la iliquidez o quiebra a un ministerio, a una municipalidad o a cualquier entidad del sector público.
En mi experiencia sobre este tema, puedo señalar que durante mi gestión en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tanto en la junta directiva como en la gerencia y en la intervención, logré mantener una relación de mutuo respeto con los sindicatos que existían en esa época. Los aumentos que se concedieron al personal fueron otorgados después de estudios hechos por firmas especializadas que comprobaron que los mínimos y máximos de salarios estaban dentro del mercado nacional, según cada profesión y por consiguiente no eran ni abusivos ni exorbitantes.
Al Instituto Nacional de Estadística debe requerírsele que cada dos años haga un estudio de los puestos y salarios en el sector público y en el sector privado a nivel nacional para que así, una fuente profesional y oficial, esté dando periódica y adecuadamente esa información fundamental para el desarrollo de la economía del país y para el mantenimiento de una adecuada justicia salarial.
¡Guatemala es primero!
Continuará.
