Guatemala es un país de contrastes e incoherencias, algunas de ellas verdaderamente dolorosas para decir lo menos. Ahora que sale a luz el tema de los sueldos en el Congreso de la República, que en muchos casos sirven para que los diputados agreguen otros ingresos mediante la asignación de plazas fantasma que se suman al manejo del listado geográfico de obras, tenemos que contrastar la situación con lo que se vive en tres áreas sensitivas de la vida nacional.
Se derrocha el poco dinero público, mientras en Salud, Educación, Seguridad y Justicia, las instituciones están en trapos de cucaracha y no pueden realizar serios proyectos de inversión para mejorar la calidad de los servicios.
En el área de salud, entre la corrupción y la ceguera de quienes firmaron pactos colectivos imposibles de financiar en el tiempo, vemos que los hospitales están desabastecidos y los médicos residentes, quienes realmente hacen el trabajo duro y pesado salvando vidas en los nosocomios, no reciben el pago de su sueldo y se pretende que sigan echando reata por puro apego al juramento hipocrático, ese mismo que sus colegas mayores se pasan por el arco del triunfo cuando estafan a sus pacientes recibiendo comisiones inmorales.
En educación no se puede ampliar la cobertura y la mayoría de las instalaciones educativas están en pésimas condiciones sin capacidad para invertir ni en reparaciones, no digamos en la construcción de nuevos centros de enseñanza. Otro pacto colectivo, negociado políticamente sin ningún respaldo financiero, tiene de rodillas al Ministerio que tiene que destinar todos sus recursos únicamente al pago de salarios, sin que exista una contrapartida en la mejora del servicio prestado por los maestros y la mejor prueba es el fracaso en los exámenes de aptitud de matemáticas y lectura.
El tema de la seguridad y justicia, especialmente desde la perspectiva de la aplicación de la ley, es gravísimo, porque como nuestro sistema está diseñado para alentar la impunidad, es natural que hayan dejado como cenicientas en el presupuesto al Ministerio Público encargado de la investigación criminal y a los tribunales para que lo poco que haya esté al servicio de los tenebrosos poderes ocultos del crimen organizado.
En Guatemala hay un doble problema: por un lado es pobrísimo el recurso destinado al gasto público, siendo de los países del mundo que menos invierten, pero a ello se agrega que lo poco que hay para cubrir las necesidades, se malgasta o se dilapida en la galopante corrupción y, en esas condiciones, no existe posibilidad de mejorar el desarrollo humano.
