Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Como era de esperar al conocerse que en el Congreso de la República hay, en plazas fijas, más de 1,700 personas contratadas, la indignación en las redes sociales ha sido casi unánime. Lo mismo se ha producido en los medios de comunicación televisivos, radiales y escritos; prácticamente no hay quien defienda o justifique la degeneración, el abuso y la perversión salarial que se ha dado en el Congreso.
En 1991, el Organismo Legislativo tenía menos de 200 personas en plazas fijas y los diputados eran 113. Si hoy los diputados son 158, la Junta Directiva está en la obligación de establecer por ley un número máximo de empleados fijos en relación al número de legisladores y a las funciones que en el parlamento se tienen que desempeñar.
También debe quedar legalmente establecido el personal de apoyo para cada legislador, el cual deberá ser por contrato y depender de la propuesta directa de cada diputado, que para realizar su gestión necesita de una secretaria, de un asistente administrativo y de un asesor de medio tiempo que puede variar a criterio de cada uno de los representantes y por supuesto terminará su contrato temporal cuando el diputado termine su período.
Es acertado que se establezcan salarios topes por actividad para el personal permanente: secretarias, taquígrafas, conserjes o ujieres, personal administrativo, técnico y profesionales colegiados, así como directores o jefes de departamento.
Los salarios topes deben de reajustarse en la misma forma y en la misma proporción que se reajustan los salarios mínimos anualmente, de tal forma que sean salarios justos y adecuados, pero nunca abusivos y exorbitantes como se ha encontrado en el Congreso actualmente.
Es positivo que incluso el secretario general de sindicato mayoritario del Congreso haya reconocido en un programa de televisión los abusos, incluso acepte la necesidad de salarios topes.
La junta directiva, el pleno del Congreso, todas y cada una de las bancadas y el presidente Mario Taracena Díaz Sol están en la obligación de resolver y corregir el inmenso desorden administrativo y laboral en el Congreso en los próximos 60 días como máximo, porque al igual que un cáncer no puede permitirse que el mismo continúe, ya que de no corregirse, de no operarse el paciente morirá. No hay peor cáncer en la administración pública que el exceso de personal y el abuso de los salarios o el incumplimiento de las obligaciones que tiene cada empleado público.
Debe considerarse y saberse que a quien se está abusando es al pueblo, a todos y cada uno de los habitantes del país, especialmente a aquellos que de forma correcta pagan sus impuestos mes a mes.
En cuanto al pasivo laboral, es un derecho adquirido, lo que no significa que el mismo no pueda de común acuerdo, mediante renuncias, negociarse.
Una persona que ha ganado Q76,000 al mes seguramente es dueña de su casa, ha hecho ahorros y al ser liquidada puede recurrir, por ejemplo, al Banco de los Trabajadores y como persona retirada invertir el dinero que haya recibido en su liquidación al 8%; si a ello le agregamos que tiene el derecho de pensionare, su ingreso personal será más de diez mil quetzales, monto superior dos veces de lo que es la canasta básica alimenticia, por consiguiente su situación económica personal será adecuada y podrá dejar de ser la carga que actualmente es para el país.
¡Guatemala es primero!
Continuará
