Víctor Hugo Godoy
Cuando discutía con otros políticos de antaño sobre los nombres que se mencionaban para presidir el Congreso, consideramos que tendría que ser alguien “disruptivo” que sacudiera el Organismo Legislativo e impulsara las reformas que exigieron las marchas ciudadanas y quedaron pendientes el año pasado. Esto porque se corría el peligro que sucediera como en el “serranazo” que la cofradía de los privados depuró a la cofradía de los políticos hundiendo el sistema y capturando el Estado. Creo que la escogencia que hicieron los diputados no pudo ser más acertada. Mario Taracena no le tiene miedo al “espíritu de cuerpo” que se va formando con el tiempo en todo grupo humano y al que se recurre para tapar los clavos.
Esperemos que los diputados comprendan lo que está en juego y respalden la agenda de reformas, y pudiera generarse sinergia en esos temas entre Legislativo y Ejecutivo para la recuperación de la soberanía del pueblo, por el bien de Guatemala cuya población se hunde en la pobreza en medio de la riqueza. En esa dirección es bueno recordar que hace algunos años el diputado Taracena hizo públicas otras listas: de unos empresarios evasores de impuestos, aunque aquellas no tuvieron la misma difusión que las actuales de empleados del Congreso.
Pero como se trata de aportar al debate para colaborar en componer las cosas quiero referirme a la “satanización” que se viene haciendo de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. En el anterior artículo decía que Guatemala para pertenecer el concierto de naciones debe de cumplir ciertos estándares y tanto en nuestra Constitución como en los convenios internacionales aparecen estos instrumentos que regulan las relaciones laborales. ¿Cuándo se principiaron a pervertir estos pactos? Pues cuando se impulsó lo que el neoliberalismo llamó la “flexibilidad laboral” que implicó la casi disolución de planillas de personal permanente y se impuso la desestabilidad laboral con la generalización de los contratos 029, así como el otro objetivo de suprimir la previsión social que significaba el régimen de pensiones y no se quería que el Estado aumentara pasivos laborales.
Eso hizo que los trabajadores del Estado en los pactos lo que negociaban no era mejoras en las condiciones laborales, sino cómo recobrar su estatus anterior de trabajadores permanentes y, como los funcionarios tenían como dogma no engrosar el pasivo laboral, se evitaba aumentar salarios, negociándose bonos y otro tipo de “ventajas económicas”. Todo ello, por supuesto, distorsionando lo que en materia de trabajadores del Estado se estableció en la Constitución y en los convenios internacionales, con desmedro del régimen de servicio civil, y desfinanciando al IGSS y al régimen de clases pasivas al no reportar el porcentaje que realmente se devengaba.
Es de hacer notar que la relación laboral en el Congreso es distinta a los otros entes del Estado. Aquí habrá que recurrir a jubilar personal, retiros por incompatibilidades sobrevenidas por nueva normativa, negociar retiros voluntarios, y reclasificación salarial de nuevo personal, todos permanentes.
