Jorge Mario Andrino Grotewold
@jmag2010
Depurar la burocracia no sólo es legítimo y necesario, sino urgente. Los casos develados de plazas en el Congreso de la República no son únicos, pues seguramente situaciones así existen en el Organismo Ejecutivo, el Organismo Judicial y otras dependencias, incluyendo las municipalidades. La Constitución crea un desorden absoluto en los recursos humanos públicos, al permitir sistemas paralelos y obligar a tener al menos cuatro regímenes diferentes para todo el Estado.
Además de ello, los sistemas de servicio civil no sólo están diseminados, sino la poca buena regulación que existe, no se cumple. Quienes están a cargo de nominar y contratar empleados, lo hacen con criterios nada técnicos y con intereses personales o sectoriales, que incluyen botines de sueldos -como en el Congreso- o pago de deudas políticas por las campañas. Así entonces, la burocracia no se llena de los mejores perfiles, sino de aquellos que cuentan con amigos en puestos importantes y por ende, la calidad del recurso humano es cuestionable. Justo es reconocer, que no es el caso de todos y generalizar es incorrecto; pero una gran cantidad de casos conocidos, empañan la labor de aquellos que sí hacen trabajar bien al Estado.
Sumado a ello, la suscripción de pactos colectivos de condiciones de trabajo ha sido una constante negativa para el Estado, incluyendo a la sociedad como parte de ese concepto integral. Los principios de trabajo que inspiran la negociación colectiva, se han perdido al defraudar a las finanzas públicas mediante el pago de condiciones económicas no reales a la situación financiera nacional, y que causa rechazo social, especialmente cuando la contraprestación recibida, es decir el servicio público es lento e ineficiente. La solución de despedirlos e indemnizarlos, no sólo es poco estratégica, sino lesiva a los intereses del Estado y de las personas. En muy poco tiempo serían reinstalados con el respectivo pago de salarios caídos. Jurisprudencia laboral hay suficiente para no caer en ese error legal.
Sin embargo, mantener un control interno y realizar una evaluación del desempeño seria, objetiva y vinculante a sus contratos, puede alcanzar una lógica para mantener al buen burócrata y justificar el retiro de quienes no llenen un perfil, no sean trabajadores eficientes o simplemente no lleguen a trabajar de conformidad con las necesidades del Congreso o de cualquier entidad pública. La sola palabra evaluar, asusta a los trabajadores, porque en su nombre históricamente se han cometido violaciones a derechos laborales. Pero si ésta es correctamente aplicada, se convierte en una herramienta poderosa tanto para la parte empleadora -Estado- como para los trabajadores, pues no se cometen arbitrariedades para calificar su desempeño, y queda constancia de una buena o mala gestión de cada burócrata. Renegociar los pactos colectivos entonces, debe ser prioritario para sanear las finanzas públicas y la imagen de las entidades públicas.
Pero la más beneficiada será siempre la población, que no sólo recibiría un mejor servicio público, sino también podrá realizar veeduría social sobre la rendición de cuentas que obliga la Constitución a los funcionarios y al mismo tiempo reducir drásticamente ese gasto financiero injustificado. Es de voluntad e inteligencia, algo de lo que esperamos tenga nuestro sistema político.
