Juan Francisco Reyes López
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Ninguna democracia puede consolidarse ni avanzar si su Organismo Legislativo no cumple con la principal función, que cada uno de los diputados represente a la población del distrito en el que fue electo y que su motivación personal no sea la de obtener ventajas, plazas de trabajo o injerencia en la suscripción de contratos de obra pública.
Mi experiencia como dos veces electo diputado por el Distrito Metropolitano me permite decir que el Congreso de nuestro país ha ido en un continuo deterioro, responsabilidad de todos y cada uno de los diputados y de los partidos que lo han integrado por no hacer, por callar, por consentir en la degeneración y abuso de la administración y proceder del Congreso.
El Organismo Legislativo, para el buen desarrollo de las funciones de cada diputado, debe tener adecuadas instalaciones físicas, equipos y por supuesto un personal profesional suficiente y correctamente bien remunerado.
A partir del gobierno de Óscar Berger, especialmente durante la presidencia del diputado Jorge Méndez Herbruger, esos parámetros se perdieron; incluso Herbruger dio inicio a la perversión salarial del personal administrativo al suscribir un pacto colectivo de condiciones de trabajo totalmente improcedente y con conceptos de mejoras económicas que implican que aproximadamente cada siete años las personas dupliquen su salario, llegándose al extremo que por fin se ha hecho del conocimiento público por la determinación de transparentar y permitir que se conozca la planilla del Congreso por el recién electo presidente, el diputado Mario Taracena Díaz Sol.
“Pagar de menos es injusto, pero pagar demás también lo es”. No puede justificarse que una contadora gane Q76 mil al mes o que una secretaria gane más de Q40 mil al mes. Los salarios de toda persona deben estar dentro de cierto estándar en el sector privado y en el sector público.
Si bien todos los diputados, para realizar adecuadamente su trabajo, deben contar con una oficina, una secretaria, un asesor y un asistente administrativo de su confianza, no es posible aceptar que existan diputados que cuenten con numerosísimas plazas de trabajo fijo a su disposición. Es más, las plazas asignadas a un legislador deben ser por contrato y no durar más del tiempo que el legislador esté electo, por cuanto el personal directamente a sus órdenes debe ser de su confianza y no convertirse en un pasivo laboral permanente del Congreso.
La degeneración que ha implicado el pacto colectivo de condiciones de trabajo y las juntas directivas de Herbruger hasta Luis Rabbé, inclusive, tienen que enmendarse y ella es la primera y principal tarea que tiene que realizar la reciente junta directiva electa.
Igual que sucede con una infección, una vez encontrada tiene que ser eliminada. Ese es el caso que se ha producido al conocerse la planilla del personal permanente del Congreso. También debe saberse el resto de personal contratado, no importando cuál sea la forma en el que se encuentra contratado y remunerado. Si ello no se efectúa y la totalidad de los legisladores no apoya a Mario Taracena Díaz-Sol, especialmente los diputados que por primera vez han sido electos, nos acercaremos a algo aún más radical, no a una depuración del Congreso como fue necesario durante el gobierno que presidió Jorge Serrano.
¡Guatemala es primero!
Continuará.
