POR JAVIER ESTRADA TOBAR
jestrada@lahora.com.gt
La polémica sobre la designación de Sherry Ordóñez como ministra de Comunicaciones no solo tiene que ver con aspectos legales, sino también con la ética, probidad y responsabilidad que hacen falta en la gestión pública.
Puede que desde 2014 ya no sea contratista del Estado, pero sin lugar a dudas Ordóñez está inmersa en un conflicto de interés que está profundamente arraigado en la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Por muchos es sabido que ese Ministerio funciona como un club de amigos, que se intercambian turnos para ocupar cargos públicos y ser contratistas, dando lugar a un contubernio tradicional de tipo político-empresarial en detrimento de los intereses públicos.
Así las cosas, los contratos de infraestructura no se otorgan necesariamente a las empresas que presentan las mejores ofertas o garantizan la mejor calidad de las obras, sino a las constructoras de los amigos de los funcionarios de turno, que en el futuro volverían a cumplir con su papel en el empresarial.
El escándalo del Ministerio de Comunicaciones ya sobrepasa a Sherry Ordóñez y requiere una reacción del presidente Jimmy Morales, que más allá de hablar de transparencia en sus discursos debe dar ejemplos concretos de probidad, para dejar claro que no tolerará las mentiras e imprecisiones que salieron a luz con esta polémica.
La “nueva política” no debía ser solo un discurso del presidente para atacar a Sandra Torres en la campaña, sino para demostrar que las cosas de verdad van a cambiar en Guatemala con decisiones contundentes que garanticen una nueva forma de gobernar.
Millones de guatemaltecos tienen la esperanza de que se implementen acciones para mejorar los caminos rurales y las carreteras, y que se conviertan en verdaderas vías de comunicación que faciliten el acceso a los servicios básicos, mercados y fuentes de trabajo. ¿Cómo se los van a garantizar?
Es cierto que Jimmy Morales tiene pocos días como presidente de la República, pero debe tener claro que las expectativas no duran mucho tiempo y cuanto antes debe responder a las demandas ciudadanas.
Está claro que este es solo el caso del Ministerio de Comunicaciones, pero las deudas históricas que debe saldar el nuevo Gobierno se encuentran en todos los ministerios, secretarías y demás instituciones.
Por ejemplo, las donaciones de medicamentos para atender la crisis en el sistema de salud hasta ahora han dejado más preguntas que respuestas, porque los ciudadanos no tenemos claro los nombres de todos los donantes y sus intereses, y tampoco conocemos el plan de Gobierno para resolver la crisis hospitalaria.
En contraste, sí sabemos que algunas de las empresas farmacéuticas que solidariamente aportaron medicinas e insumos para los hospitales públicos han concretado negocios con el Estado, como lo reportó ayer La Hora.
Sé que todavía hay muchas personas que confían en que el Gobierno puede enderezar el rumbo, pero las buenas intenciones del presidente se deben materializar.
