Francisco Cáceres Barrios
Con eso del destape de puestos y salarios del Congreso de la República, las declaraciones del Contralor General de Cuentas de la Nación nos ha dejado a los guatemaltecos con la boca abierta. Aducir que desde julio del año 2015 se habían detectado irregularidades en sus nóminas y planillas pero, que por falta de información no se habían podido encontrar evidencias que pudieran justificar un reparo y la consecuente denuncia ante el Ministerio Público, resulta igual a cuando los pacientes acuden a los hospitales nacionales para curar sus males sin embargo, su personal resulta incapaz hasta de ponerle el termómetro a pesar de estar hirviendo en calentura.
El desmadre que viene ocurriendo en el Congreso desde que se instauró la llamada “primavera democrática”, es conocido por todos. Es por demás evidente que tanto los diputados como los empleados administrativos del Organismo Legislativo no solo no aportan al país nada bueno y constructivo, sino que encima viven ”exclusivamente” para satisfacer sus intereses políticos y personales. Pero no es lo mismo que la población nada o muy poco haya podido hacer para evitar los desmanes de los empleados, funcionarios y diputados, cuando quienes están contratados específicamente para ejecutar tareas de fiscalización y que por ello mensualmente perciben gruesos salarios sufragados por nuestros impuestos, incumplan sus deberes, lo que viene a resultar una tremenda deficiencia y contrasentido.
Si alguien adujera que el Contralor de Cuentas incumple su misión debido a que es electo por el mismo Congreso y sus diputados, no me quedaría más remedio que manifestar que estamos definitivamente amolados, pues lo mismo estamos sujetos entonces de los magistrados y tantos más que pasan por el mismo procedimiento de selección. Y si los legalistas me dijeran que tendremos que armarnos de paciencia unos cuatro años más, de acuerdo a lo que ley determina, si es que deseamos cambiar el estatus actual, yo pregunto ¿Acaso la Constitución no contempla la posibilidad ciudadana de realizar consultas populares para tomar las decisiones políticas de especial trascendencia?
Dada la situación económica del Estado por la que estamos atravesando y al desfogue de cinismo y burla de nuestros políticos, resulta imposible seguir soportando más corrupción, derroche y toda clase de desmanes, pues por culpa de unos pocos se perjudica a las grandes mayorías carentes hasta de los más elementales servicios públicos y, si es cierto que la soberanía radica en el pueblo, llegó el momento de hacer valer los derechos que nos asisten. Ya no más “líneas” por favor. Unos haciendo línea para evadir impuestos otros, haciendo línea para hacer compras y contrataciones onerosas e irracionales y otros más, percibiendo emolumentos a todas luces ilegales. ¡Vaya destino el nuestro!
