Félix Loarca Guzmán
El ascenso al poder público de Guatemala del gobierno que encabeza el actor de televisión Jimmy Morales, ha abierto un inédito capítulo de esperanza entre el pueblo, de que la situación podría ser mejor sin actos de corrupción y con respeto a los derechos humanos.
Esa esperanza gradualmente se ha convertido en la ilusión de un futuro más alentador en una sociedad fragmentada, que ha sufrido y sufre muchas privaciones como consecuencia que la riqueza está mal distribuida.
Para ninguno es un secreto, que una minoría de la población vive en la opulencia, mientras un alto porcentaje se encuentra sobreviviendo con muchas limitaciones. La mayoría está agobiada por el desempleo, la pobreza, el pésimo servicio de transporte público, y aterradores cuadros de violencia y criminalidad. En síntesis, el pueblo de Guatemala ha sido y es víctima de la injusticia social.
La grave crisis de los hospitales nacionales y el vergonzoso hacinamiento en las cárceles del Sistema Penitenciario, son dos aspectos visibles del retrato de nuestro atraso.
Junto con el saqueo de las riquezas naturales por parte de poderosas empresas transnacionales, sobresalen las ingratas condiciones laborales en que desarrollan sus actividades muchos campesinos en algunos departamentos del país.
Toda esa carga de injusticias ha desembocado en un preocupante incremento de la pobreza y de la pobreza extrema. Paradójicamente, Guatemala es un país rico, pero lleno de pobres.
Lamentablemente, durante el gobierno del Presidente Pérez Molina se produjeron muchos escándalos por actos reñidos con la ley
Todo ello, más las revelaciones acerca de la existencia de sueldos faraónicos en la planilla de trabajadores del Organismo Legislativo, han acentuado la frustración e indignación entre el pueblo de Guatemala.
El presidente Jimmy Morales, afronta ahora el desafío de no defraudar a los guatemaltecos, y para ello tiene que demostrar con hechos concretos y no con palabras, que el norte de su gobierno será la transparencia. Mientras tanto, a los ciudadanos nos corresponde aportar nuestra contribución, exigiendo la respectiva factura por toda compra que hagamos, para que el Gobierno pueda disponer de los recursos con destino a los programas de salud, de educación y de combate a la desnutrición.
