Isabel Pinillos – Puente Norte
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Con el inicio de la nueva administración, nuevamente se escucha que sin “políticas públicas definidas” no pueden funcionar los distintos programas sociales, educativos, de salud, etc. Conducir los distintos ministerios sin un plan a largo plazo es como tratar de cruzar el océano sin brújula ni mapa de navegación.
De acuerdo con la revista argentina Artepolítica, “se entiende por política de Estado, a aquellas políticas que forman parte de las estrategias centrales de un país… no varían a pesar del color político-ideológico de cada gobierno.” Pero para la implementación de las mismas, no basta con redactar un programa de normas y planes para que otros las implementen mecánicamente sin involucrarse activamente en el proceso de creación. En este sentido, para que una política integral funcione debe estar en constante cambio, mediante procesos de diálogo y revisión permanente entre todas las partes afectadas.
En Guatemala la normativa migratoria se ha ido creando en diferentes etapas para paliar las crisis generadas por los movimientos de personas. Sin embargo, no se ha abordado el problema de manera global e integral, con inclusión de todos los sectores públicos y civiles vinculados con la materia. Hoy, Guatemala cuenta con algunos órganos que atienden el tema migrante, pero la rectoría corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por mejor intencionada que sea la dirección del ministerio, esto no ha sido suficiente para resolver los problemas estructurales de tantos guatemaltecos que salen, pasan y regresan al país. Recientemente, el canciller Morales reconoció en una entrevista radial que dicho ministerio no fue creado para atender las necesidades migratorias del país, añadiendo que en Cancillería son “los padres adoptivos de los migrantes”.
Coincido plenamente con el Ministro, ya que la atención al migrante es una tarea que excede la naturaleza de la Cancillería de un país. Su estructura, su organigrama, el perfil de sus funcionarios no fueron diseñados para atender las necesidades de casi 3 millones de guatemaltecos que viven afuera de Guatemala, muchos de los cuales, ahora se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad.
Las distintas comunidades de guatemaltecos que radican en Estados Unidos, o los que se encuentran de paso por México, constantemente se quejan del servicio consular. Por dar un ejemplo, un guatemalteco de origen quiché que recientemente ha recibido una orden de deportación, más que un pasaporte o un documento de identificación, necesita acudir a un lugar en donde pueda sentirse en casa, confiar en las personas que le atienden para pedir asesoría para su complicada situación. Sin embargo, debido a que no hay una preparación adecuada por parte del personal consular, esta labor se ve afectada por barreras culturales y de idioma que lo impiden.
La vocación de los cónsules y de su personal fue orientada hacia una formación diplomática y la atención de relaciones bilaterales con otros estados. De manera que no fueron equipados para atender a los conciudadanos que llegan en masa a solicitar documentos primarios de identidad, pasaportes y protección de sus derechos humanos más esenciales. Sin embargo, hay que reconocer que existen contados cónsules ejemplares que asumen este rol a pesar de las limitaciones. Por otro lado, entidades como Conamigua, que sí cuentan con significativos presupuestos, no han abordado los problemas migratorios de fondo.
Los anteriores son ejemplos de cómo sin una política migratoria integral, las instancias de apoyo al migrante están muy limitadas en sus alcances. En esto debe enfocarse el liderazgo del presidente Jimmy Morales, en dejar el legado más importante durante su mandato con relación a los guatemaltecos que radican en el extranjero: la creación de una política migratoria integral.
