Estuardo Gamalero
“Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso”
Bill Gates
En los últimos meses, hemos escuchado abundantemente y algunos hemos empleado hasta la saciedad, la frase “defensa de la institucionalidad”.
Testigos o cómplices en el descaro de los gobernantes, la debilidad de las instituciones jurídico-políticas, las demandas de la población y la participación (para alguna injerencia) de la comunidad internacional. Resulta de suma importancia comprender: ¿qué es la institucionalidad? ¿Por qué la debemos defender? y su estrecha relación con la gobernabilidad y la soberanía.
Doctrinariamente, la institucionalidad es un atributo básico del Estado de Derecho. Lo anterior implica que, un Estado en ejercicio de su plena soberanía, autodetermina su distribución político-administrativa según la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial). Reconoce y garantiza los derechos inalienables de la persona humana. Plasma su estructura suprema en la Constitución. Reconoce el anhelo colectivo de un bien común. Permite la formulación de normas de diverso rango, que regirán la actividad de gobernantes y gobernados.
Estos apuntes y la concepción del término “institucionalidad” admiten diferencias y complementos. Me atrevo a decir que la institucionalidad de una sociedad y/o un Estado, será más fuerte y efectiva, en la medida que sus leyes se apliquen universalmente y de forma eficiente: acordes a la naturaleza humana y sin distorsiones en el cumplimiento de las regulaciones y resoluciones de los diversos órganos.
Los procesos transparentes, predecibles y generales sujetos a un marco jurídico, constituyen el instrumento para guiar la conducta de los ciudadanos. Para tener una institucionalidad nacional robustecida, es indispensable: a) que el Derecho sea el principal instrumento del Estado; b) que las leyes y normativa vigentes rijan la conducta de gobernantes y gobernados; c) que los tres poderes del Estado y los entes de rango constitucional, respeten el principio de separación y no intromisión; d) que los agentes externos (otros Estados) respeten el principio de autodeterminación del propio Estado.
Lo anterior no pretende el rechazo de la colaboración de un Estado u organismo internacional. Lo que significa es que, si un Estado u organismo le impone a otro (por medio de la fuerza bélica o la hipocresía diplomática) lo que debe hacer, estamos destruyendo lo más sagrado de una Nación, que es su Soberanía y de tal manera, sacrificando también la institucionalidad que debe sustentar a la República.
El fortalecimiento de la institucionalidad implica que las autoridades y la gestión pública sean transparentes y que el acceso a la información sea libre. En ese sentido, aplaudo que se haya dado a conocer la nómina/planilla del Congreso, no por el morbo de saber los salarios y si éstos son altos, sino más bien, porque comprueba y pone de manifiesto una enfermedad y sus causas, que los buenos guatemaltecos venían denunciando durante décadas y que los gobernantes lejos de resolverla, terminaron siendo cómplices y beneficiarios, no solo en el Congreso sino en la totalidad del Estado y que incluso migró al modelo de las conocidas ONG de los contratistas.
Expongo algunos ejemplos de situaciones que atentan en contra de la institucionalidad: I) Que los gobernantes, diplomáticos y la población pretendan soluciones a problemas y crisis nacionales, que sean contrarias a la Constitución Política; II) Que se utilicen a las instituciones del Estado y los procesos de investigación/judiciales, como armas de ataque político o económico en contra del individuo y/o sectores; III) Que los funcionarios de Estado y las entidades que dirigen, se presten para hacer componendas de cuota política (disfrazadas de negociaciones democráticas) ya sea con fines de lucro o posicionamiento; IV) Que actores de la denominada sociedad civil e incluso del algún sector económico, crucen la línea de sus objetivos y la sana fiscalización, y caigan en el tráfico de influencias.
Como guatemalteco, me duele cuando veo los abusos que gobernantes y grupos parasitarios del Estado, han cometido en el desfalco de sus arcas, en los negocios escondidos y pactos fraudulentos.
También molesta, la intromisión de gente de naciones desarrolladas, manipulando nuestra institucionalidad, los procesos y los mismos poderes del Estado, como si fuésemos títeres de una “Banana Republic” cuando les conviene, pero que irónicamente, ellos mismos conquistaron y formaron a su conveniencia.
Por supuesto necesitamos y agradecemos cualquier ayuda internacional que sea legítima y fortalezca las instituciones. Sin embargo el precio de ese apoyo, no puede ni debe ser “la cobardía y el yugo” del que habla nuestro Himno Nacional. El apoyo y el compromiso de los guatemaltecos y la comunidad internacional, se debe orientar a fortalecer las instituciones, no a polarizar y mucho menos destruir los procesos legales, dictarle una agenda de presión u oportunismo a los presidentes de los tres poderes del Estado, o bien, imponernos leyes y condiciones que no son de esta nación, su pueblo, su historia y su realidad.
¡Aprendamos de la historia, no la repitamos!
