En memoria del teniente coronel Luis Emilio Ochoa Amézquita
Este 12 de enero de 2016 se cumplieron nueve años de la estafa del Banco de Comercio a 12 mil 500 ahorrantes en doce departamentos del país, por un monto de mil 800 millones de quetzales (LA HORA, 19/01/2012).
En los últimos días del mes de diciembre de 2006 se reunieron en Casa Presidencial los directivos del Banco de Comercio, amigos y financistas de la campaña presidencial del licenciado Oscar Berger y posteriormente a esta reunión los directivos vendieron la empresa Cidea, parte de los activos del Banco de Comercio y el 12 de enero de 2007 entregaron el Banco a la Junta Monetaria.
La Junta Monetaria el mismo día, sin realizar ninguna licitación dentro de los bancos del sistema lo adjudicó al Banco Industrial, entregándole todos los edificios, el resto de activos y la Cartera de Crédito.
El Gerente General del Banco Industrial, ese mismo día viernes 12 de enero de 2007 por la noche, anunció por televisión que el Banco Industrial pagaría todos los ahorros de cualquier monto, lo cual tranquilizó a los ahorrantes.
El Superintendente de Bancos ese fin de semana se reúne con el Gerente General del Banco Industrial y el miércoles 17 de enero del 2007, cinco días después de asegurar que devolverían todos los ahorros, se declara que todos los ahorros e inversiones amparados por los CERTIFICADOS DE CUSTODIA son «ILEGALES Y SIN VALOR”, el Superintendente de Bancos con el cinismo que lo caracteriza y con un plan para consumar la estafa de los mil 800 millones de quetzales, lo ratifica ante el Congreso de la República, declaración que empuja a uno de los ahorrantes al suicidio.
Tres meses después el presidente Berger declaró que: «los depósitos de ahorro a plazo, es una inversión que a veces se gana y a veces se pierde» (LA HORA, 13/04/07) justificando sin querer la estafa del Banco de Comercio.
Las grandes manifestaciones de los afectados que reclamaban la devolución de sus ahorros no tuvieron ningún efecto sobre la voluntad del presidente Berger, quien nada hizo para que se resolviera esta estafa.
La larga lista de fallecidos y los sufrimientos ocasionados a los afectados, en especial a los jubilados por la pérdida de sus ahorros, sostén de su diario vivir, pago de medicinas y tratamientos para conservar su salud, muchos han tenido que recurrir a la ayuda que les da la Ley del Adulto Mayor.
Esta estafa ocasionó un significativo daño a la economía del país, al dejar a muchos inversionistas sin sus capitales de trabajo con los que se movían actividades inmobiliarias, industriales y comerciales.
El Superintendente de Bancos es nombrado por el Presidente de la República para cumplir con la obligación del Estado de proteger el ahorro y la inversión y la Ley de Supervisión Financiera establece la vigilancia e inspección de los bancos receptores de ahorros.
Con los Certificados de Custodia se captaron los mil 800 millones de quetzales en ahorros de jubilados, obreros, maestros, profesionales, militares, comerciantes y migrantes en 12 departamentos del país por más de 10 largos años. Por lo que es inaceptable que las autoridades desconocieran esta realidad; esta estafa que es un problema que no se ha solucionado ha creado en el inconsciente colectivo nacional desconfianza e incertidumbre sobre el Sistema Bancario y el temor de que en cualquier momento otro banco proceda en la misma forma que el Banco de Comercio.
Para bien de la economía del país es necesario restablecer la plena confianza en la actividad bancaria, lo cual pasa por devolver los ahorros e inversiones a los afectados y el Ministerio Público continuar con la persecución penal a banqueros y funcionarios corruptos para castigarlos con todo el peso de la ley y dadas las implicaciones en esta estafa solicitar la colaboración y ayuda de la CICIG.
En este caso como sentenció el Procurador de los Derechos Humanos en su oportunidad es posible hacer justicia completa.
Ing. Arnoldo Sequeira Hidalgo.
DPI: 2201-30922-0101
