La acción de escrutar consiste en indagar y someter algo a un examen cuidadoso, justamente lo que la ciudadanía y los medios de comunicación están haciendo con los primeros pasos del gobierno del presidente Jimmy Morales, como corresponde a una población que se interesa por la cosa pública y participa en el ejercicio de la democracia. El caso de la Ministra de Comunicaciones y Obras Públicas reviste especial interés en el marco del desafío que vive Guatemala para combatir todo vestigio de corrupción, puesto que es razonable cuestionar su calidad sin que ello constituya un ataque personal ni una acción contra el gobierno recién instalado.
Si se hubiera reaccionado así, con ese tipo de excusas para rechazar señalamientos, cuando se hicieron cargos contra los funcionarios de Pérez Molina, nada hubiera cambiado y el mismo expresidente pudo decir que era una campaña tendenciosa en su contra lo que se estaba diciendo respecto a sus funcionarios.
Comunicaciones y Obras Públicas ha sido viña para los ladrones a lo largo de muchos gobiernos y la mejor prueba de ello está en los enormes gastos y la paupérrima condición de nuestra infraestructura, pero además hay que agregar la existencia de esa inmoral deuda pirata que se conoce como deuda flotante porque no está respaldada ni cimentada en asignaciones presupuestarias sino que es producto de acuerdos entre autoridades y contratistas para embolsarse y repartirse dinero.
La existencia de una deuda ilegal, que pese a la manifiesta ilegalidad todos se preocupan por “honrar”, es evidencia de cómo se administra esa cartera a lo largo de sucesivos gobiernos. Por ello es que todo escrutinio resulta poco y cualquier duda tiene que ventilarse con detalle. Nosotros cuestionamos que quienes fueron contratistas en esas condiciones de corrupción puedan ser siquiera considerados como potenciales altos funcionarios del ministerio, puesto que no hay que escarbar muy profundo para encontrar la enorme y desafortunada veta de corrupción que ha sufrido el país y en particular esa cartera.
No es en absoluto algo personal dirigido a la nombrada Ministra, sino es una cuestión institucional de principio porque si estamos partiendo de un mandato de cero tolerancia a la corrupción tenemos que ser consecuentes y admitir que en el pasado han hecho micos y pericos con los contratos, y que hubo períodos en los que nadie conseguía un contrato sin salpicar, y eso es corrupción aunque se pretenda encubrir con otras consideraciones.
Si cada escrutinio público va a ser considerado como difamación y ataque político al gobierno, poco o nada se va a avanzar para la real depuración de la administración pública.
